Verónica Domínguez Sánchez, ex secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Coyoacán, fue vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaración ante autoridades cometido en 2016, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
En la audiencia de continuación, al cumplirse el plazo constitucional de duplicidad de término otorgado a la defensa, el juez de control le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, solicitada por el Ministerio Público.
La mujer, detenida la semana pasada por agentes de investigación de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales en la colonia Pedregal de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, enfrentará su proceso en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
De acuerdo con datos de prueba recabados por la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se acreditó que Domínguez Sánchez, junto con otras personas, presuntamente rindió falso testimonio contra Manuel Alejandro Robles Gómez.
El ex diputado fue acusado de que el 25 de marzo de 2016 ingresó a la Casa Ciudadana del PRD ubicada en calle Ejido de Santa Úrsula, colonia Ampliación San Francisco Culhuacán, en Coyoacán.
La mujer, quien es identificada como persona cercana al legislador federal Mauricio Toledo, aseguró que Robles Gómez le colocó a Juan Jesús Martínez Zavala un arma punzocortante, tipo navaja, a la altura del cuello y le gritó amenazas.
Ambos señalaron que le indicó a otro sujeto que estaba en la entrada que se llevara las computadoras, por lo que tomó dos máquinas portátiles, mientras Robles Gómez tenía el arma punzocortante y los amenazó de que alguien armado aguardaba afuera del local.
La investigación señala que los hechos no ocurrieron de esa manera, por lo que se solicitó la orden de aprehensión y se obtuvo su vinculación a proceso. En febrero de 2019, un juez canceló la orden de aprehensión en contra del ex diputado.
La dependencia informó en ese entonces que su titular, Ernestina Godoy, ordenó dicha cancelación porque la orden de aprehensión fue “solicitada bajo actuaciones fabricadas en la pasada administración para encarcelar al ex diputado y favorecer políticamente al PRD, así como al entonces jefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo”.
