Ciudad de México. La propuesta de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión “es una expropiación indirecta” que resultará en un mayor costo fiscal por los subsidios que deberán destinarse a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y afectará a los consumidores, dijo la Iniciativa Privada del país.

“Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia”, comentó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en nombre de los 12 organismos que lo conforman.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que la reforma “condena al país a consumir energía cara y contaminante”, por lo que de hacerse realidad generaría un daño económico irremediable a la economía y competitividad de México en un momento crítico.

De aprobarse la reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador se traducirá en el encarecimiento de los productos y servicios que se consumen en el país, así como un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la CFE, explicó el CCE.

La propuesta intenta impedir de forma arbitraria la competencia en el sector eléctrico nacional, con lo que viola los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica, mencionó.

La iniciativa “rompe la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”, destacó.

La iniciativa “abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad”, destacó el sector privado del país.

La propuesta impactará en las inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, lo cual se traducirá en indemnizaciones del Estado a dichas firmas, pues viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular, dijo el CCE.

Las empresas afectadas iniciarán procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados, pues atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, explicó.

Esto contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública, por lo que este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos.

El sector privado exhortó al Poder Legislativo a una reflexión profunda y a rechazar la iniciativa, pues afectaría gravemente a México al aumentar los precios de productos y servicios, sin contar la mayor caída en la inversión nacional y extranjera.