Es fundamental, sobre todo en este contexto de emergencia nacional provocada por el Covid-19, que el Senado apruebe en el periodo de sesiones a comenzar, la reforma constitucional para establecer el Sistema Nacional de Cuidados, advirtió la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Mícher.
Explicó que la modificación a la ley reconoce el derecho de las personas a ser atendidas, pero también el de sus cuidadores. Es, dijo, un trabajo realizado 76 por ciento por niñas, mujeres y adolescentes que se dedican a cuidar a sus familiares, enfermos o discapacitados, sin recibir una remuneración económica ni tener ninguna prestación.
En pro de la equidad
Se trata de una reforma a los artículos 4 y 76 de la Constitución que la Cámara de Diputados aprobó en noviembre pasado por unanimidad, en la que se eleva a rango constitucional el derecho al cuidado digno y se establece la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Establece, asimismo, la libertad que tienen los ciudadanos para decidir si quieren o no tener la obligación de cuidar a quien lo requiera. Es el derecho para decidir la distribución del tiempo acorde a sus necesidades e interés.
Explicó que diversos países han avanzado a la construcción de sistemas de cuidados, pero en el país sólo la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho. “La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que la población de 12 años y más dedica 2 mil 796 millones de horas a la semana a cuidar enfermos y discapacitados sin recibir remuneración y no tienen garantizado el derecho a su propia salud física y emocional.
Mícher destacó que tres cuartas partes del total de quienes realizan esas labores son mujeres, niñas y adolescentes, que caen en el círculo vicioso de la desigualdad económica y de género. Las mujeres en estado de pobreza, precisó, son las que realizan una parte desproporcionada del trabajo de cuidados de personas, especialmente en determinados colectivos en los que no sólo sufren discriminación por razón de género, sino de raza de etnia, de nacionalidad o de sexualidad. “Si el trabajo de cuidados no remunerado se contabilizara, incluso de manera subestimada, estuviéramos generando 5.5 billones de pesos, que representan 23.5 del PIB”.
