El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, formuló un nuevo llamado a las autoridades de las secretarías del Trabajo y de Economía con el fin de que obliguen al empresa minera canadiense Americas Gold and Silver a respetar la ley y resolver a la brevedad el conflicto en la mina de Cosalá, Sinaloa, que cumplió este mes un año en huelga.

“No podemos permitir que Cosalá se convierta en un pueblo fantasma, sólo porque la empresa no acepta la decisión de los trabajadores de afiliarse al Sindicato Minero”.

Expuso que los trabajadores de Cosalá realizaron una asamblea el jueves pasado, en la que decidieron seguir el movimiento y exigir también a la empresa que deje de presionarlos y se reinicien actividades.

El presidente de la senatorial Comisión de Trabajo resaltó que durante 14 años la extractiva canadiense ha explotado a los trabajadores y ha contaminado de forma severa el ambiente, ya que vierte sus desechos en los ríos y lagunas de la comunidad, con el aval de los entonces gobiernos del PRI y del PAN.

Es por ello, declaró, que se le debe obligar ahora a respetar la ley mexicana, tanto en materia laboral como ambiental. El también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado por la solución justa del conflicto, pero falta una respuesta firme de las autoridades de Trabajo y de Economía.

Recordó que solicitó ya al Ejecutivo federal que se retire la concesión de la mina de Cosalá a Americas Golden and Silver, ya que mantiene paralizadas las actividades, porque se niega a aceptar el laudo que le otorga la titularidad del contrato colectivo al Sindicato Minero.

Gómez Urrutia insistió: “la empresa tiene que aceptar la decisión de los mineros de afiliarse a un sindicato que les garantiza el respeto a sus derechos”.

Explicó que el lunes y martes pasados dialogó con representantes de la empresa, pero sin ningún resultado, ya que los directivos insisten en no reabrir.

Resaltó que la situación es intolerable, ya que la población de Cosalá depende mucho de las actividades de la mina y los trabajadores tienen ya más de un año sin laborar. “Ignoro qué intereses ocultos y oscuros hay detrás, pero insistiré en que se cancele la concesión si la empresa persiste en o reiniciar labores”.