Funcionarios federales, organismos civiles y el consejo ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda han alertado que con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR, presentada en el Senado el 7 de octubre pasado, se busca derogar un capítulo completo con base en el cual esta fiscalía ya no sería competente en ciertas circunstancias de la investigación de delitos vinculados a la desaparición de personas.
Lo anterior pese a que en un contexto de miles de desaparecidos, buena parte clasificados como desaparición forzada o cometida por servidores públicos, reina la impunidad, la cual se evidencia con menos de 40 sentencias respecto de un universo de más de 80 mil presuntos delitos de desaparición.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, dijo que en entidades donde ha habido hallazgos masivos de fosas clandestinas y cadáveres urge investigación de las fiscalías –estatales y federal–, porque es evidente la colusión para que estos delitos ocurran.
El patrón de lo que sucede en Guanajuato, indicó, muestra que no sólo la población tiene información de los presuntos autores de los crímenes –de asesinato e inhumaciones ilegales–, “sino que las autoridades necesariamente tienen que saberlo”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dice que es muy importante abrir la discusión con las víctimas, los colectivos que los representan y las instituciones públicas integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda.
Dijo que si bien es necesario fortalecer la autonomía de la FGR, esto no debe ser en perjuicio de lo que se ha construido a lo largo de los años para fortalecer el sistema de derechos humanos, y que el Estado cumpla con su responsabilidad.
Señaló que por suerte la iniciativa en mención, que plantea modificaciones a la Ley General de Personas Desaparecidas, no fue dictaminada el año pasado, por lo que es muy importante “hacer una práctica de parlamento abierto y poder construir una buena reforma”.
Asimismo, se informó de la apertura de una convocatoria para seleccionar a quienes integrarán el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Los siete expertos serán seleccionados en un proceso organizado por la Agencia de Población de Naciones Unidas.
