Cuatro de los 19 cuerpos calcinados localizados el pasado 22 de enero en el ejido Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas, fueron identificados. Dos eran mexicanos y dos guatemaltecos, informó la Fiscalía General de Justicia del estado. Precisó que, de acuerdo a exámenes antropológicos, se determinó que 16 son hombres y una mujer, y dos quedaron pendientes por reconocer.

Respecto a los vehículos incendiados, se trata de una camioneta Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas de Nuevo León, y una Chevrolet, Silverado, pick up, cabina y media. Asimismo, los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que el vehículo Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego y que la unidad tipo pick up presenta 113.

La procuraduría tamaulipeca mencionó que, con la colaboración de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, se pudo conocer que la camioneta Sequoia se ubicaba en el lugar donde fueron rescatados 66 extranjeros, el pasado 6 de diciembre, por policías municipales de Escobedo, del estado vecino, y del Instituto Nacional de Migración.

El pasado 22 de enero, autoridades fueron alertadas del descubrimiento de dos vehículos incendiados con restos de personas dentro. En la camioneta pick up había dos en la cabina, uno a un costado de la puerta del piloto, otro del lado del copiloto y 15 en la caja.

La policía de Tamaulipas determinó “que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego, después de lo cual les prendieron fuego”.

A su vez, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a que atraiga la investigación de los 19 cuerpos calcinados, “debido a la escasa credibilidad que existe en las autoridades estatales”, y ante la posibilidad de que las víctimas sean migrantes.

El presidente de la organización, Raymundo Ramos, subrayó que este tipo de masacres dejan ver el “vacío de autoridad” que existe en Tamaulipas, por lo que si no se investiga con seriedad, este último episodio de violencia contra personas en contexto de movilidad se sumará a otros hechos violentos que también han quedado en la impunidad, como la matanza de San Fernando, ocurrida en agosto de 2010.