La legislación electoral en México es producto de un cúmulo de reformas fraguadas después de cada proceso electoral dudoso. Por ejemplo, la de 1977 intentó abrir un camino para que la oposición pudiera llegar al Poder Legislativo sin que el PRI perdiera su hegemonía. Luego, la de 1987 fue para apaciguar al PAN del fraude electoral de 1986 en Chihuahua. Después de la “caída del sistema” en 1988, se vuelve a reformar la Constitución y en 1990 se crea el IFE.
En 1994, después de la muerte de Colosio y el levantamiento en Chiapas, se llevó a cabo otra reforma importante por la cual se consagró a los consejeros ciudadanos. En 1996, se llevó a cabo una reforma a la que se calificó de “definitiva” y sentó las bases para la transición política del año 2000 en que el PRI perdió la Presidencia de la República. Después del desastre electoral de 2006 se hizo otra en 2008.
La pasada gran reforma político electoral se produce en 2014, respuesta al proceso de 2012. Al fin en 2018 hay un cambio de régimen. El sistema electoral funcionó y permitió una nueva alternancia, esta mucho más radical que las demás.
Producto de todo esto es que llegamos a tener un artículo 41 constitucional bastante confuso, donde no sólo se establecen las bases del sistema electoral mexicano, sino se regula la integración del Consejo del INE y se reglamentan las formas de comunicación política, las prerrogativas y los financiamientos de los partidos políticos. Tenemos decenas de ordenamientos en materia electoral. Una desventaja de la sobrerregulación es que se ha engrosado a la Constitución con reglas del juego electoral propias de una legislación secundaria. Otra desventaja es que esta legislación es confusa y contradictoria. Es probable que en el futuro se intenten nuevas reformas para simplificar las reglas electorales, pero por ahora no son necesarias, con lo que tenemos llevaremos adelante el proceso 2021, salvo que los actores políticos pretendan una regresión e intenten hacer fraude, en este caso se tendrán que enfrentar a la voluntad del Ejecutivo que se ha asignado el papel de vigilante de la elección. En realidad, los supuestos defraudadores tendrán que enfrentarse a todo el Estado mexicano. Ojalá, si existen estas fuerzas retrogradas, se inhiban para bien de todos.
