De acuerdo con datos proporcionados el viernes por la Secretaría de Gobernación, sólo entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2020, más de mil cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas en la nación. Aunque este lacerante fenómeno se extiende por el territorio nacional, 79.5 por ciento de los cuerpos fueron exhumados en cinco entidades –Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas–, y más de la mitad se encontraban en apenas seis municipios de Jalisco y Guanajuato. En el mismo periodo, las autoridades abrieron 37 mil 800 carpetas de investigación por personas desaparecidas, 44 por ciento de las cuales no han sido localizadas.
A estas realidades lacerantes se añade una más: el enorme vacío institucional en las labores de búsqueda de las víctimas de desaparición, así como en las tareas de investigación, localización y exhumación de entierros ilegales. Karla Guerrero, representante del Frente Nacional de Desaparecidos y Desplazados, afirma que prácticamente la totalidad de las fosas clandestinas han sido descubiertas por los familiares de las personas desaparecidas debido a la falta de capacitación, empatía y sensibilidad por parte de los funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). La activista denuncia que el personal de ese organismo “no tiene la menor idea de cómo se busca en una fosa”, se presenta en los sitios de prospección sin el material necesario y, para colmo, llega a comportarse con prepotencia y arrogancia hacia los ciudadanos que efectúan la desgarradora faena de buscar a sus seres queridos entre cuerpos dispuestos sin ninguna consideración humana.
La propia Secretaría de Gobernación reconoce el trabajo de los alrededor de 120 colectivos de familiares de víctimas, quienes se han autoorganizado para dar con los restos mortales de sus parientes, y gracias a cuyo empeño en los dos años transcurridos de la administración federal ha sido posible recuperar 2 mil 395 restos humanos, identificar a 39 por ciento de ellos y entregar a las familias 21.75 por ciento de los despojos identificados. Asimismo, parece una señal positiva que, tras alcanzarse un pico en las denuncias de desaparición en 2019, en 2020 se registrara una disminución significativa de estos casos, los cuales pasaron de 8 mil 964 a 6 mil 957.
Sin embargo, además de que esa última cifra sigue resultando macabra e inaceptable, está claro que no basta con reconocer la valentía y la capacidad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. En cambio, el Estado debe usar todos los recursos a su alcance para localizar a las víctimas; presentar con vida a quienes se encuentre en esta circunstancia; dar un entierro digno a quienes se ubiquen sin vida; proporcionar a las familias un completo apoyo sicológico, moral, jurídico y económico para superar este difícil trance y, por encima de todo, garantizar la no repetición de estos crímenes que destruyen la paz de comunidades enteras.
