El progresivo costo económico y social de la crisis y el creciente gasto público para enfrentar la pandemia han debilitado en grado sumo a las de por sí estrechas finanzas de América Latina y el Caribe, una región que, por si fuera poco, es la más desigual del planeta. Hasta ahora, el Covid-19 ha infectado a cerca de 20 millones de latinoamericanos y caribeños (alrededor de 20 por ciento mundial) y ha provocado cerca de 600 mil muertes (poco más de 27 por ciento del total global).
Y ese lamentable balance se redondea con otra realidad lacerante: “cada uno de los países de América Latina, con diferentes estrategias, trata de acceder a la vacuna (contra el Covid-19) en condiciones muy desfavorables, si nos comparamos con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la Unión Europea; la región debe asumir, con urgencia, resoluciones y trabajos conjuntos para aumentar su autonomía tecnológica de lo cual va a depender nuestra capacidad de respuesta y de peso político, pero más allá de eso, incluso de sobrevivencia; hay algunos países hermanos que en este momento no tienen vacunas y probablemente no las tendrán en los próximos meses; si, como región, no tenemos un plan propio en este tipo de temas como las vacunas y no tenemos la capacidad de desarrollarlas, pues estamos en riesgo; de hecho, es en la situación en la que nos encontramos hoy todos” (Marcelo Ebrard dixit).
¿Cuál es el balance? La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd, de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes) lo resume así: la pandemia se ha llevado más de 2 millones de vidas a escala mundial y las medidas tomadas para controlar su expansión han provocado una crisis sincrónica a nivel global con una caída simultánea de la oferta y la demanda. En América Latina y el Caribe se estima que desde el inicio de la pandemia hemos retrocedido 15 años en la lucha contra la pobreza. Al final de 2020, 45 millones de personas que no eran pobres antes de la pandemia lo serán. Se estima que 2.7 millones de empresas formales han cerrado, y la caída del PIB regional será de 9.1 por ciento.
Los efectos de la crisis se ven potenciados en los países latinoamericanos y caribeños por varias razones. Una de las señas de identidad de la región es su elevado nivel de desigualdad. Puede decirse que es la región del mundo más inequitativa en la distribución del ingreso. El 10 por ciento más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10 por ciento más pobre.
El uno por ciento de los más ricos obtiene 21 por ciento de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado. La desigualdad extrema se agudizará. Hay personas y empresas que han aumentado sus ganancias durante la pandemia. Según datos de Forbes publicados por Oxfam, los milmillonarios de la región aumentaron su riqueza en 48 mil 200 millones de dólares del 18 de marzo al 12 de julio de 2020, es decir, durante el periodo más estricto de confinamiento y, por tanto, beneficiándose de la pandemia.
El otro lado de la moneda es que 54 por ciento de las personas ocupadas eran trabajadores informales antes de la pandemia. El confinamiento los ha afectado fuertemente, ya que al no poder trabajar han perdido sus ingresos laborales y los Estados latinoamericanos no han contado con mecanismos efectivos para apoyar a esta población más allá de las transferencias condicionadas que cubren a los más vulnerables.
Ante la pandemia se ha hecho evidente el importante papel que juega el Estado para la garantía de los derechos y la protección de la población no sólo para las personas más vulnerables, sino para la sociedad en su conjunto. Por ello, se hace impostergable revalorizar lo público, lo común, lo colectivo.
Las rebanadas del pastel
A partir de mañana el gobierno de Canadá suspende, hasta el próximo 30 de abril, los vuelos “no esenciales” hacia y desde México. Bien, pero si el primer ministro Justin Trudeau realmente desea “evitar daños”, como dice, entonces lo conducente es que impida a los corporativos mineros de su país que saqueen el territorio mexicano y se pasen por el arco del triunfo las leyes nacionales. O, de plano, que se las lleve de regreso.