La llegada del presidente Joe Biden a la administración estadunidense ha generado expectativas de un cambio en la relación con México. Por lo menos se espera que se eliminen las comunicaciones disparatadas y amenazantes de Donald Trump con relación a la migración, en tanto que el nuevo mandatario se propone desmantelar lo realizado por su antecesor. Seguramente que los debates entrarán en un cauce más sensato, si bien otros problemas actuales requieren aproximaciones muy distintas a las que se han dado en el pasado, como sucede con la pandemia, con su cauda de dolor y muerte. Con relación al fenómeno migratorio, la nueva administración se propone detener la construcción del muro y reasignar esa inversión a urgencias domésticas, lo cual genera aprobación de este lado de la frontera pero rechazo de las huestes trumpistas. Y si bien el racismo es anterior a Trump, éste se encargó de reforzarlo a su favor.
Interesante que Biden envíe al Congreso de Estados Unidos una reforma migratoria, seguramente relacionada con la presentada en la administración de Barack Obama en la que trabajaron arduamente más de ocho meses cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas; en ella se planteaba la legalización de las personas indocumentadas (ahora son cerca de 11 millones de trabajadores, más de la mitad son mexicanos) y la posibilidad de obtener la ciudadanía después de 10 años, es decir, “una reforma integral”. Fue presentada al Congreso, pero lamentablemente rechazada por los republicanos. Por ello, Obama presentó la propuesta de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) con el fin de evitar deportar a los niños que llegaron al país con sus padres indocumentados, los ahora llamados “soñadores”, misma que Trump intentó eliminar. Tal parece que el camino para la DACA es prometedor, pero para la reforma migratoria integral, a pesar de la mayoría demócrata, se requiere por lo menos de 10 republicanos para aprobarla y dada la polarización del país es probable que se produzca un bloqueo y, lamentablemente, volvemos a lo mismo.
Ha habido muy poca información acerca de la comunicación telefónica sostenida entre Biden y López Obrador, pero se destaca la intención del presidente estadunidense de atender las causas de la migración de centroamericanos para que no se vean forzados a abandonar sus naciones. Esta fue la visión de AMLO al iniciar su administración, poner en marcha una política de recepción humana y de derechos, reconociendo a la migración centroamericana como forzada y la necesidad de ir a las causas para revertirla. Desde mi punto de vista, las causas derivan de gobiernos corruptos para los que la migración se convierte en una estrategia para seguir esquilmando a sus poblaciones, evadiendo sus responsabilidades en otorgar condiciones de vida dignas, salud universal, educación e ingresos decentes que les otorgue seguridad y justicia a todos sus habitantes.
Me recuerda la estrategia de Francisco Franco, el dictador de España que por casi 40 años expulsó a su población a través de firmar a diestra y siniestra acuerdos de trabajadores migratorios con los países europeos, forma idónea para deshacerse de los trabajadores españoles y no generar los beneficios sociales que les correspondían, pero forzados a enfrentar lo que todos los migrantes del mundo: racismo, explotación, etcétera, que repetía sin cesar “hemos perdido el sol”, al vivir en regiones gélidas y totalmente alejadas del cálido ambiente mediterráneo. Esta fue la situación hasta que el dictador murió en su cama el 20 de noviembre de 1975, cuando la democracia regresó a la nación y España dejó de expulsar trabajadores. Aunque en el caso de los países centroamericanos no puede dejarse de lado el papel de Estados Unidos y su intervención flagrante y permanente en los procesos que “no le convienen”, como fue el caso lamentable de Manuel Zelaya. En este sentido, si Estados Unidos quiere verdaderamente atacar las causas de la migración, la primera acción es dejar de interferir en los procesos de las naciones cuando se deciden a buscar nuevos caminos hacia el desarrollo y, sin duda, la segunda acción debe ser la participación activa y decidida de la población para cambiar sus condiciones de vida y de trabajo para que la justicia haga su labor.
El presidente Andrés Manuel López Obrador debe revertir la estrategia migratoria aplicada como resultado de la amenaza de Trump de aplicar aranceles. No hay duda de que se vio forzado para evitar un mal mayor a México, pero el costo fue grave al afectarse su credibilidad como defensor de los derechos humanos y afectar a los propios migrantes. Revertir la tendencia quiere decir, en primer lugar, retirar a la Guardia Nacional de las fronteras norte y sur, por lo que tristemente Trump hizo tremendo alarde al afirmar que gracias a él México movilizó 25 mil tropas a su favor, lo que ni en Estados Unidos se había logrado. Además, el Instituto Nacional de Migración es el que debe llevar a cabo las funciones para las que está encomendado, con absoluto respeto de los derechos humanos. Dar paso a las personas que requieren asilo, detener a los traficantes de personas y ponerlos a disposición de la autoridad y, lo más importante, dar un trato absolutamente preferente y deferente a los niños, niñas y adolescentes que viajan solos y prohibir su deportación. Al mismo tiempo, favorecer acuerdos regionales con el apoyo de la Cepal para revertir tan ignominiosa situación que obliga a las poblaciones a migrar.
Algunos analistas culpan a López Obrador de la migración centroamericana, pues suponen que hablar de derechos humanos migratorios es igual a decir “vengan hermanos centroamericanos” ( El Financiero), lo que es una opinión injusta y demagógica, pero “detener a los migrantes en su paso a Estados Unidos” como pretenden otros para evitarle una crisis a Joe Biden es una propuesta simplemente inaceptable para México y para AMLO.
