Trípoli. Una encolerizada multitud se congregó ayer en Trípoli, una de las ciudades más pobres de Líbano, frente a las casas de algunos de los principales políticos, así como afuera del ayuntamiento, incendiaron contenedores de basura y rompieron cámaras de vigilancia en la cuarta jornada consecutiva de protestas que se extendieron hasta la noche.
El ejército tomó el control del centro de Trípoli luego de varias horas de enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad.
Unidades militares con vehículos blindados entraron a la plaza Al Nur, donde cientos de personas apedreaban las oficinas del ayuntamiento y a agentes del orden, y dispersaron a los manifestantes que se aglutinaron en calles adyacentes.
Los inconformes continuaron arrojando bombas molotov y piedras a los militares, a lo que los uniformados respondieron con gas lacrimógeno.
Un hombre murió por herida de bala y 13 agentes del orden resultaron heridos en las movilizaciones de miércoles y jueves, durante las cuales los manifestantes lanzaron granadas de combate.
Según la Cruz Roja libanesa, más de 200 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos del miércoles, mientras el balance de ayer supera 110.
Participantes en las movilizaciones denuncian las precarias condiciones de vida en que se encuentran y denuncian la inacción de las autoridades ante la crisis económica; además, rechazan la extensión del confinamiento ordenado para evitar contagios de Covid-19, pues muchas empresas están al borde de la quiebra.
En el cuarto día consecutivo de disturbios, miles de personas volvieron a salir a las calles para protestar contra la cuarentena, que los ha dejado sin medios de subsistencia, pues incluye la prohibición de salir a la calle, utilizar medios de transporte y el cierre de todas las instituciones públicas y privadas.
El confinamiento tenía una vigencia inicial hasta el pasado lunes, pero las autoridades lo prolongaron hasta el 8 de febrero.
El gobierno no ha ofrecido apoyos de ningún tipo a la población, mientras el sistema de salud se ha visto rebasado por los enfermos de Covid-19.
El Banco Mundial calcula que más de 50 por ciento de la población vive por debajo de la línea de la pobreza en Líbano. En particular, permanece paralizado el sistema bancario y sigue perdiendo valor la moneda nacional, lo que causa un aumento de la delincuencia.
Líbano atraviesa su peor crisis económica desde el fin de la guerra civil (1975-1990), agravada por la pandemia del coronavirus.
“Queremos quemar sus casas como ellos nos quemaron el corazón”, explicó ayer Omar Qarhani, padre de seis hijos, durante las protestas frente a la casa de un funcionario.
Después de tres noches de protestas, ayer una multitud irrumpió en un barrio acomodado deteniéndose frente a diferentes residencias de líderes políticos originarios de la ciudad, provocando disturubios hasta entrada la noche.
Frente a la casa del diputado Faisal Karame, Adnan Abdalá lanzó una diatriba contra los dirigentes oriundos de la ciudad, algunos de los cuales son considerados multimillonarios. “Nos centramos en los hogares de los políticos porque ellos son los responsables de la situación en que se encuentra hoy Líbano”, denunció.
Ante la casa de Samir Al Jisr, otro diputado y antiguo ministro de Justicia, los manifestantes provocaron un incendio que fue extinguido por las fuerzas de seguridad.
“¿Por qué los protegen?”, gritaron los manifestantes a los elementos policiacos y a los militares desplegados como refuerzo.
Adnan Hakim, de 19 años, cojea y tiene la cara cubierta con una venda manchada de sangre, y afirma que resultó herido antier por una bala de goma. “Nos vemos obligados a salir a la calle para reclamar nuestros derechos. Nos obligan a vivir humillados, no podemos soportarlo más”, sostuvo.
Otro grupo de manifestantes se congregó en la plaza Al Nur, apedrearon el edificio del ayuntamiento y a los policías, e intentaron quemar las puertas del edificio público; tras varias horas de choques fueron replegados.
La activista Suheil Sou, de la sureña ciudad de Sidón, expresó que la gente pasa hambre, la corrupción estatal es notoria y el encierro en vigor matará gente. “Si quieren aislamiento deben brindar asistencia; no queremos dinero, sino comida para seguir con vida”, afirmó.