Los ocho centros penitenciarios que el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, concesionaron a la IP para décadas y bajo un monto ahora en investigación, absorbieron 83.4 del gasto realizado en los 19 penales federales que operaron durante 2019, exhibió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De los 21 mil 470 millones de pesos que el gobierno federal ejerció en las prisiones de máxima seguridad en 2019, esos ocho centros destacan como los que más recursos públicos recibieron, con un costo mayor a 2 mil millones de pesos, cinco e incluso 20 veces más que prisiones con igual capacidad.
El más caro, el de Michoacán, absorbió 2 mil 602.1 millones de pesos, equivalentes a 5.3 veces lo que se gastó en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, también en 2019. Esto, pese a que la cárcel negociada con la Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán tiene capacidad para 558 reos menos.
Por medio del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2020, el Inegi reportó que en 2019 se ejercieron en esta estructura 21 mil 470 millones de pesos, lo que representó un aumento de 43.6 por ciento respecto al año anterior.
Esto implica un costo promedio anual de un millón 243 mil 141 pesos por cada una de las 17 mil 271 personas privadas de su libertad durante el 2019. Por género, 95.2 por ciento eran hombres (16 mil 438) y 4.8 por ciento (833) mujeres.
Además del gasto, destaca la dilación en los procedimientos penales.
Mientras 32.9 por ciento de la población en cárceles tenía una sentencia definitiva, 26.9 una no definitiva y 40.2 –la mayoría– se encontraba sin sentencia. Entre estos últimos, nueve de cada 10 llevaban esperando más de un año a que se les dictara una pena; era el caso de 89.8 por ciento en hombres y 94.8 en mujeres.
Sobre las ocupaciones de la población privada de la libertad, el Inegi reportó que 40.6 por ciento recibía capacitación, 38.8 trabajaba, 19.8 estudiaba y 0.8 realizaba otra actividad.
El organismo evidenció que en 2019 se impusieron 643 sanciones disciplinarias a los servidores públicos de los centros penitenciarios federales, de las cuales, 43.7 fue contra funcionarios que no justificaron faltas y 39.4 por ciento a quienes facilitaron a los reos “la realización de actividades no autorizadas”.
También reportó que la Fiscalía General de la República decomisó casi 21 armas por día en 2019, para un total de 7 mil 560 de fuego, 383 explosivos, 28 lanzagranadas y seis lanzacohetes, así como 923 mil 483 cartuchos.
