Ciudad de México. La Dimensión de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió al gobierno federal que realice una investigación exhaustiva sobre los 19 cuerpos calcinados que se encontraron el pasado fin de semana en el municipio de Camargo, Tamaulipas, y “que se persiga con todo el rigor de la ley a los responsables de estas barbaries y demás crímenes, particularmente en contra de las personas migrantes”.
En una carta que dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, destacó que uno de los factores que contribuye a este tipo de tragedias es la implementación de políticas migratorias represivas y de persecución.
Añadió que “a pesar de las restricciones que el gobierno de México ha venido impulsando para detener el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos, nada ni nadie detendrá el fenómeno de la migración”; al contrario, empuja a estas personas a tomar rutas de mayor riesgo.
En este contexto manifestó que es prioritario que el gobierno federal establezca políticas migratorias justas, seguras y ordenadas que permitan a las personas transitar sin exponerse a los peligros que les representa el paso por México. “Es lamentable que, mientras en muchos lugares el control lo mantienen los grupos al margen de la ley, las fuerzas de seguridad del Estado estén concentradas en las fronteras" para detener a migrantes, expuso.
En la misiva firmada por el responsable de esta dimensión episcopal, José Guadalupe Torres Campos, quien es obispo de Ciudad Juárez, Chihuahua, también se solicita a la CNDH hacer recomendaciones precisas al gobierno federal para que garantice los derechos de las personas migrantes en territorio mexicano. Y pidió “en nombre de la justicia, la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas y se les garantice el derecho que les asiste a conocer la verdad”.
Finalmente, al tiempo que recordó el acompañamiento que hace la Iglesia a los migrantes en sus 120 casas, parroquias y conventos, solicitó fortalecer y generar reuniones al más alto nivel entre las instancias gubernamentales y eclesiales, “para tratar estos impostergables asuntos que afectan también nuestra relación con hermanos países, particularmente de Centroamérica”.
En una carta aparte, la Red del Consejo Latinoamericano para los Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata, confirmada por obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de América Latina y El Caribe, también exigió al presidente López Obrador así como a su homólogo de Guatemala, Alejandro Giammattei, “justicia transicional en este caso y para miles de migrantes a los que les han sido violados sus derechos humano”.
De igual manera, pidió que modifiquen la política migratoria y la gestión como se ha manejado, que se dé un trato de mayor protección para los migrantes y no se les exponga a la violencia existente en varios puntos de las rutas migratorias.