La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó anteayer inhabilitar por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Alfredo Castillo Cervantes, quien habría “faltado a la verdad” en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016 al omitir declarar seis cuentas bancarias en las que él y su cónyuge tenían más de 18 millones 300 mil pesos. Por otra parte, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos entregó a la Cámara de Diputados una indagatoria para que tramite el desafuero de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, quien pertenece a la bancada del Partido del Trabajo, pero obtuvo su curul bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática. De acuerdo con la carpeta de investigación, el ex jefe delegacional de Coyoacán y ex integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene a su nombre tres propiedades con un valor combinado de 34 millones 560 mil pesos, lo cual resulta incompatible con sus declaraciones patrimoniales y con sus ingresos de servidor público.
Aunque tienen en común el enriquecimiento inexplicable durante el ejercicio de cargos públicos, se trata de casos muy distintos.
Debe recordarse que Castillo Cervantes desarrolló prácticamente la totalidad de su carrera de la mano del ex presidente Enrique Peña Nieto, para quien fungió como subprocurador y procurador de Justicia en el estado de México, así como procurador federal del Consumidor, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán y titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en el gobierno federal. Sin duda, el ex funcionario debe responder por el presunto ocultamiento de su patrimonio que le imputa la SFP, pero debe recordarse que mucho más grave es la responsabilidad que pudo haber tenido en su paso por Michoacán, donde se cometieron todo tipo de atrocidades cuando estaba al mando del combate al crimen organizado y las relaciones del poder público con los grupos de autodefensas que surgieron durante ese periodo.
Es cierto que a su arribo la situación de inseguridad en Michoacán ya se encontraba fuera de control, pero su paso por la entidad exacerbó los problemas existentes, creó nuevos focos de conflicto con la deslealtad orquestada contra las autodefensas y era el representante de la Presidencia cuando tuvo lugar la masacre ocurrida en Apatzingán el 6 de enero de 2015. Por ello, cabe esperar que las autoridades de procuración de justicia transiten del ámbito administrativo al penal para esclarecer los múltiples señalamientos que pesan sobre Castillo y deslindar sus posibles responsabilidades en los hechos referidos.
Por su lado, Mauricio Toledo es un exponente paradigmático de la descomposición que se vivió en la Ciudad de México durante el sexenio del ex jefe de Gobierno y hoy senador Miguel Ángel Mancera. En esa administración se defraudó a los votantes, quienes eligieron al candidato que prometió encabezar un gobierno no represor, no privatizador, no corrupto, no elitista, y debieron padecer seis años en los que se dio la espalda a cada una de esas banderas. Como jefe delegacional, Toledo representó esa traición al mandato popular perpetrada por quienes llegaron al poder con las siglas del PRD en 2012, y encarna también a los cacicazgos mafiosos en que se convirtieron los cabildos de la capital del país. En este sentido, resulta muy difícil entender que Morena rescate a personajes de ese entorno para llevarlos a sus filas o para integrarlos a sus aliados, práctica que habla de una peligrosa incongruencia en el partido gobernante.
Uno y otro caso constituyen muestras del agujero negro de corrupción e indecencia que fueron el mancerato y el peñato. Asimismo, exhiben al afán de prevalecer impunes como el interés común que unificó al perredismo capitalino y al priísmo tradicional en su regreso a la Presidencia. La extensión y el poder de penetración de esa podredumbre se revela en el hecho de que siga habiendo voces que salen en defensa de individuos cuya falta de escrúpulos y su abierto desprecio por las leyes son del pleno conocimiento social, más allá de que puedan o no fincárseles responsabilidades jurídicas.
