Bucaramanga, Colombia. La justicia especial de paz imputó el jueves a ocho ex comandantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el caso de secuestro. Se trata de la primera decisión judicial de este tipo tras la firma de un acuerdo de paz en 2016.

La decisión vincula a la cúpula de las extintas FARC: Rodrigo Londoño Echeverry, quien dirige el partido político creado tras la firma de la paz, los congresistas Julián Gallo y Pablo Catatumbo y otros exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar.

“La Sala de Reconocimiento de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) estableció la responsabilidad de los antiguos miembros del Secretariado de las FARC por las órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas”, aseguró ese organismo en un comunicado.

Durante las cinco décadas de conflicto interno, las FARC recurrieron al secuestro para financiarse al cobrar altas sumas de dinero por liberal a los rehenes, intercambiar secuestrados por guerrilleros presos y mantener el control territorial. La justicia especial identificó 21.396 víctimas de secuestro, la mayoría hombres (79%) y en una menor medida mujeres (21%) y niños (5%).

“Las mujeres cautivas estaban en una situación adicional de vulnerabilidad y desprotección en un contexto masculino y militar, acentuando el temor por su vida y su integridad", indicó la JEP. "La ausencia de intimidad para asearse y para defecar y orinar creó un sufrimiento diferencial a las mujeres”.

La justicia especial encontró que los malos tratos en los cautiverios corresponden a un “patrón” y no a hechos aislados, los cuales incluían tortura, encadenamientos, golpes, hacinamiento, falta de luz y de aire.

“Los relatos de las víctimas acreditadas sobre su vida después del secuestro ilustran el daño causado a la salud mental por el sufrimiento físico, emocional y moral al que estuvieron sometidos”, concluyó la justicia especial tras contrastar las versiones libres de los exguerrilleros con los informes de la Fiscalía colombiana y organizaciones de la sociedad civil.

El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, precisó que a la luz del derecho humanitario el secuestro de miles de personas constituye en un crimen de lesa humanidad. “No se trata de errores de excombatientes en la guerra o necesidades de la guerra o excesos, por el contrario son crímenes de guerra”, aseguró ante la prensa.

En septiembre de 2020, las extintas FARC reconocieron públicamente haber secuestrado y le pidieron perdón a las víctimas. El jueves, tras conocer la decisión de la JEP de imputarlos por este delito, manifestaron su compromiso para rendir cuentas ante la justicia.

“Como ya hemos dicho, el secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”, dijeron el jueves a través de sus redes sociales.

La cúpula de las extintas FARC tendrán un periodo de 30 días para responder a la decisión y en caso de que haya reconocimiento de los hechos y verdad tendrán una pena alternativa que será determinada en acuerdo con las víctimas, pero si la justicia especial encuentra que los exrebeldes están ocultando hechos podrán ir a la cárcel.

“Si no hay reconocimiento, tienen derecho a un juicio y si son vencidos en el juicio tienen cárcel hasta de 20 años”, dijo ante la prensa la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de la JEP.