La educación ambiental en México se realiza en condiciones poco favorables para su desarrollo y correcta aplicación en la vida pública del país, ya que no es valorada por los tomadores de decisiones, sufre recortes presupuestales y sólo se estimula una visión limitada en lugar de construir una ciudadanía crítica, lamentó Teresita del Niño Jesús Maldonado, del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu).
Destacó que esa disciplina constituye un proceso político-crítico que promueve la “solidaridad, pluralidad y participación social crítica e informada para la prevención y solución de problemas ambientales, y la construcción de una sociedad democrática, justa y sustentable”.
Al participar en la inauguración de los trabajos de la Semana de la Educación Ambiental, que organiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través del Cecadesu, la especialista destacó también que ese campo del conocimiento propicia el desarrollo de la autonomía y procesos educativos que favorecen su vinculación con otros asuntos globales como la paz, los derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad.
Sensibilizar a jóvenes
La titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, consideró que la educación ambiental debe ser parte de los procesos educativos formales a través de mecanismos prácticos y no sólo teóricos para sensibilizar a los niños y jóvenes y dotarlos de actitudes congruentes con el cuidado del medio ambiente.
Maldonado expuso que la educación ambiental se da en “condiciones institucionales y financieras poco favorables. Las instancias operativas, en los tres niveles de gobierno, han sido debilitadas, ya que hay recortes presupuestales que limitan el fortalecimiento del campo”.
De igual forma, no se ha logrado que esa disciplina sea transversal, ya que no es valorada por los tomadores de decisiones entre los diferentes niveles del gobierno.
La especialista en educación ambiental subrayó que se requiere de una evaluación nacional para fortalecer los programas nacionales, estatales y municipales, así como actualizar la estrategia ambiental para elaborar documentos rectores en ámbitos que atiendan la diversidad biocultural del país.
