Guadalajara. La primera recomendación del año de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CDHEJ) fue emitida este martes y, nuevamente, se refiere a la falta de coordinación, a la negligencia y a la falta de seguimiento a los protocolos legales por parte de las autoridades jaliscienses, en particular de la Fiscalía para Desaparecidos y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en este caso debido a la desaparición de 31 personas.

En el documento se destaca que en uno de los casos la víctima fue localizada sin vida, pero su cuerpo permaneció en el Servicio Médico Forense sin ser identificado, y fue inhumado durante la “contingencia” ocurrida en 2018 en el IJCF —cuando ante la cantidad de cadáveres y falta de espacio se rentaron camiones refrigerantes para apilar los cuerpos—, lo que provocó que durante aproximadamente 20 meses, sus familiares no supieran nada de él.

“Esta recomendación documenta la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o pocas acciones de búsqueda efectiva y localización de 31 personas desaparecidas, la victimización secundaria, intimidación y amenazas que han sufrido sus familiares, mismos que interpusieron queja ante esta defensoría”, se asienta, de entrada.

En total se investigaron 26 quejas relacionadas con la desaparición de 31 personas, las cuales fueron recibidas en el segundo semestre de 2019 y en el primer bimestre de 2020, correspondientes a tres mujeres y 28 hombres, de quienes sólo cuatro han sido localizados aunque sin vida.

También como ya ha sido mostrado en anteriores recomendaciones, continúa la práctica recurrente de que hay policías que realizan las desapariciones. De las 26 quejas, seis tienen señalamiento directo de que fueron policías locales, estatales o de la Fiscalía quienes realizaron “levantones”.

“Los casos tienen como común denominador la inconformidad de las víctimas en contra de la institución del Ministerio Público y sus representantes, agentes y policías investigadores, así como del personal del IJCF, pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a sus familiares o seres queridos y conocer la verdad histórica de los hechos”, dice la recomendación.

Jalisco, especialmente a partir de los últimos 11 años, ha estado siempre en los primeros lugares del país en cantidad de personas desaparecidas.

El Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición reportó el 31 de diciembre de 2020, una cifra de nueve mil 959 personas pendientes de localizar en el estado.

La recomendación revela además la excesiva carga de trabajo en las agencias del Ministerio Público, pues en 2020 cada una de las 26 agencias atendió en promedio 378 casos sobre desapariciones.

Pero también deja claro que en ninguno, los policías a cargo de las pesquisas elaboraron un plan de investigación pero sí en cambio hubo dilaciones al integrar la carpeta de investigación, al realizar la averiguación previa y, por supuesto, en la búsqueda de la persona desaparecida.