Ciudad de México. Empresarios del sector minero y energético se sumaron a la propuesta de poner un límite a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) y de ligarlas a la productividad, como lo han planteado sus antecesores en la mesas de diálogo, en el marco de la reforma en materia de subcontratación.

En la tercera sesión organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, destacó que “el continuar manejando el PTU como un porcentaje de la utilidad es esencialmente considerarlo como si fuera una carga fiscal adicional y nos resta competitividad”.

Propuso “buscar cómo relacionar el PTU a factores de productividad, de manera que nuestros trabajadores continúen recibiendo este beneficio que creemos que es muy importante, pero que sea el resultado del esfuerzo y no de los precios de los metales”, como sucede actualmente. Como una opción -añadió- “sería en un momento dado el poder toparlo a un mes de salario integrado”.

Claudia Jañez Sánchez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, se pronunció porque se establezca “un límite justo para el trabajador y para la empresa” en el reparto de utilidades, en donde se entregue más a quienes menos ingresos tienen.

También, pidió que en la base del cálculo se excluya “todas aquellas ganancias de las empresas que no están relacionadas de forma alguna con el trabajo y productividad de los colaboradores”, por ejemplo, los ingresos derivados de la venta de inmuebles.

En la sesión, en la que destacó la ausencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, el secretario general de la Federación de Trabajadores del estado de Sonora, de la CTM, Javier Villarreal, dijo que la PTU “no sólo debería mantenerse sino aumentar” y garantizar su justo cumplimiento.

Propuso que las autoridades “revisen y limiten los diversos conceptos como los gastos de inversión de maquinaria y equipo, compra de bienes”, así como elevados sueldos y bonos excesivos a los altos directivos de la empresas, “que se pagan con el total de las utilidades y que finalmente limitan y afectan” en su reparto justo.