Por incumplir un contrato de 2018 para la renta de vehículos para el Servicio de Protección Federal, la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la inhabilitación por un año y multa económica por un millón 433 mil 874 pesos.

La sanción se dio a conocer este lunes a través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República y de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la compañía señalada.

La SFP informó que se realizó “una cuidadosa investigación”, en la que se garantizó el derecho de audiencia de la empresa sancionada. En este proceso, agregó, el órgano interno de control en el Servicio de Protección Federal determinó que Jet Van Car Rental incumplió el contrato en 2018 –aún durante la pasada administración federal— que le había sido otorgado para la renta de vehículos, al no cumplir con las especificaciones técnicas que requerían los automóviles solicitados.

“El contrato señalaba que el servicio sería prestado con vehículos seminuevos, modelo 2015 en adelante, en perfecto estado de operación y funcionamiento, que no tuvieran más 40 mil kilómetros en el odómetro. Sin embargo, la investigación confirmó que proporcionó 13 unidades con kilometraje superior al especificado y al menos una unidad de mayor antigüedad”, detalló la dependencia.

La investigación derivó de una auditoría realizada en 2019 por la SFP referente a adquisiciones, arrendamientos y servicios, de la que se desprendieron indicios de un probable incumplimiento de contrato.

Sobre esta sanción, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseveró: “estas medidas ratifican la estricta y permanente vigilancia de la Función Pública en todas las adquisiciones gubernamentales, con el propósito de asegurar que las contrataciones de verdad otorguen un beneficio a la sociedad”.

Añadió que “estas sanciones buscan inhibir las malas prácticas, pero también recuerdan la relevancia de impulsar una nueva relación del gobierno de México con el sector privado, basada en la ética y la confianza, tal y como ya realiza la SFP con programas como el Padrón de Integridad Empresarial”.