El comienzo de un nuevo gobierno en Estados Unidos es la oportunidad de revisar y construir una nueva relación entre México y nuestro principal socio comercial sobre la premisa de erigir puentes y no levantar muros entre nuestros países que comparten una frontera de más de 3 mil kilómetros, un entrelazamiento cultural de múltiples generaciones, y más de 614 mil millones de dólares de intercambio comercial anual.
Avanzar hacia una relación equilibrada y simétrica entre pares, dos Estados nacionales soberanos que sumen esfuerzos, en sinergias de beneficio compartido en materias como seguridad continental, migración laboral, derechos humanos, comercio internacional y protección del medio ambiente. En esta especial coyuntura de amenaza a la vida por una pandemia de impacto insospechado en la salud, la convivencia social y la economía de las naciones, apoyo mutuo para salir lo más pronto posible del mayor flagelo sanitario que se ha presentado en un siglo.
Transitar hacia una nueva relación alejada de fiscalizaciones y certificaciones unilaterales, discriminación de quienes, alejados de su tierra, aportan su valiosa fuerza de trabajo pese a las separaciones de familias en condiciones infrahumanas y procesos interminables, proteccionismos comerciales con subsidios encubiertos, y falta de solidaridad con los esfuerzos de la comunidad internacional en favor de la casa común, el planeta.
Es mucho lo que pueden ganar nuestros pueblos en una relación civilizada, constructiva, de diálogo abierto, que fortalezca los esquemas de cooperación para enfrentar de mejor manera los retos de la globalización, más acuerdos, más puentes para consolidar el bloque comercial tripartita con Canadá, incentivar la inversión, mejorar los ingresos, diversificar la oferta para los consumidores, y reconocer, por fin, el importante papel de la población migrante.
Para empezar, que el nuevo gobierno estadunidense lleve al terreno de los hechos los principales compromisos de campaña en materia migratoria, especialmente otorgar estabilidad y seguridad a millones de inmigrantes que por años han contribuido a la construcción de la mayor economía del mundo, como hemos documentado y exigido en este mismo espacio de reflexión.
Son buenas noticias, y abonan a cierto optimismo sobre una mejor relación entre nuestros países, los primeros anuncios y decretos ejecutivos del presidente Joe Biden, entre los que destacan:
Una iniciativa de reforma migratoria, la US Citizenship Act, calificada por especialistas como “la más progresista en la historia” de ese país, presentada al Congreso el mismo día de la toma de posesión, que de acuerdo a la mecánica procesal debe pasar por la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado, instancia ésta en donde se requerirá de una ardua negociación, pues se requiere del voto favorable de 60 legisladores y el Partido Demócrata sólo tiene 51.
De aprobarse la iniciativa de ley, aquellas personas sin estatus legal que residen en Estados Unidos desde antes del primero de enero de este año estarían en posibilidad de solicitar una residencia temporal que podría cambiar a permanente (la anhelada green card) al cabo de cinco años.
A partir de allí, en tres años podrían comenzar el proceso para alcanzar la ciudadanía para quienes así lo deseen, que en el caso de México se traduciría en una doble nacionalidad. En Estados Unidos, hay al menos 10.5 millones de indocumentados, según un estudio del Centro Pew de Investigaciones. Muchos más según otras fuentes. La primera estimación conservadora representa casi la cuarta parte de la población nacida en el extranjero que reside en el país. La iniciativa considera que los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), los incluidos dentro del programa de estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) y los trabajadores agrícolas que cumplan algunos requisitos, inmediatamente calificarían para la residencia permanente; es decir, no tendrían que esperar cinco años como los demás aspirantes.
También son noticias positivas las órdenes ejecutivas que involucran la relación con México, como la que instruye detener la construcción del inefable muro en la frontera y reforzar ya, con independencia de la propuesta de ley sujeta a negociación, el programa deAcción Diferida para los Llegados en la Infancia que protege a los dreamers de la deportación, alrededor de 700 mil jóvenes, de los que más de 75 por ciento son mexicanos que llegaron a territorio estadunidense cuando eran niños.
Igualmente, otra orden ejecutiva que facilita las condiciones para reunir a padres inmigrantes con sus niños de los que, en una práctica totalmente contraria a los derechos humanos, fueron separados en la frontera entre México y Estados Unidos. Bienvenido también por las mentes progresistas es el anuncio de reincorporación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo Climático de París.
En suma, se inicia una nueva etapa en la relación México-EU con buenos augurios, pero no debe haber autocomplacencia: la lucha será extenuante ante las fuerzas conservadoras de ese país para que, sobre todo la reforma migratoria, un acto de justicia que por muchos años hemos demandado, se convierta en realidad. Nuestro voto ético y de reflexión porque así sea.
