De marzo de 2020 a la fecha, el impacto económico por las ventas no realizadas en alrededor de 345 mil unidades económicas existentes en la Ciudad de México asciende a más de 155 mil 250 millones de pesos, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México.
De acuerdo con el análisis más reciente sobre el panorama económico para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la estabilidad económica del sector comercial, se estima que, hasta ahora, más de 85 por ciento de los negocios de la capital ya no pueden seguir con la estrategia de cierre de operaciones, ya que el impacto económico que esta medida significa es elevado y compromete a más de un millón 725 mil empleos directos e indirectos”.
Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente del organismo empresarial, indocó que el esfuerzo y compromiso que han realizado tanto las autoridades como los negocios para evitar la propagación de contagios ha sido admirable.
Sin embargo, medidas como el cierre de empresas consideradas no esenciales ha dejado de ser efectiva, por lo que es necesario trabajar en conjunto para implementar nuevas estrategias y prácticas ante esta situación.
Señaló que como sector empresarial están de acuerdo con el gobierno capitalino en la prioridad que debe concederse al control de los contagios, por lo que consideró que es preciso emprender otras acciones en beneficio no sólo de la salud de los ciudadanos, sino del sustento para sus familias.
El sector propone a las autoridades abrir las actividades económicas que cumplan con las medidas sanitarias de aforo reducido, desinfección, uso de cubrebocas y horarios de operación restringidos, entre otras, para evitar que los clientes acudan a lugares no seguros y disminuir el riesgo de propagación del virus. Así como fijar medidas de control y seguimiento respecto de los comercios informales.
También, establecer medidas que permitan a los ciudadano cubrir sus necesidades en lugares seguros, evitando concentraciones en un número reducido de establecimientos y estimulando la competencia en beneficio de la economía de las familias. Y un protocolo para los negocios que solicite a las empresas acreditar que el personal activo que interactúa con los consumidores no es portador del virus.
Por último, intalar módulos de pruebas Covid en las alcaldías para los trabajadores, así como la reducción temporal del impuesto sobre nómina y del predial, por mencionar algunos.