La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará hoy a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad procesal al legislador federal por el Partido del Trabajo (PT), Mauricio Alonso Toledo, para ser presentado ante un juez, por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

En un mensaje a medios, la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos, señaló que desde el 4 de septiembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación sobre su patrimonio.

La indagatoria incluyó el análisis de sus declaraciones patrimoniales presentadas de 2006 a la fecha, información registral y notarial de diversos inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad y dictámenes periciales.

Así como información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual arrojó que “tiene un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados como servidor público”.

Los elementos probatorios obtenidos por Ministerio Público de dicha Fiscalía muestran hechos constitutivos de la comisión de dicho delito, por parte del ex jefe delegacional de Coyoacán.

Ello, dijo, “nos obliga hacerlo del conocimiento de un juez, para que resuelva conforme a la ley, pero para que la persona imputada comparezca ante un juez y tenga un juicio justo como cualquier ciudadano, se requiere que la Cámara de Diputados le retire la protección que tiene como diputado federal”.

Aclaró que, el fuero constitucional protege a los legisladores, pero no es sinónimo de impunidad, por lo que conforme al artículo 111 de la Constitución Política y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos debe seguirse un procedimiento el Ministerio Público cuando tenga conocimiento de la existencia de algún delito.

Por eso, el fiscal Roberto Chong Flores, quien le acompañó en el mensaje, acudirá a la Cámara de Diputados a presentar el resultado de la investigación y solicitar el retiro de la inmunidad procesal para que sea presentado ante un juez y enfrente un juicio justo, como cualquier ciudadano.

“No toleraremos que ningún servidor público se sirva de su carga para beneficio personal y tendremos mano dura para perseguir a quienes infrinjan la ley”, afirmó.