Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) entregó este mediodía, de manera oficial, la solicitud de procedencia de desafuero del diputado federal Mauricio Alonso Toledo, a quien se le imputa enriquecimiento ilícito.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió la presentación y ratificación de la solicitud en contra del legislador del Partido del Trabajo (PT), que será turnada a la Sección Instructora para que sea radicada y notificada dentro de los tres días naturales a partir de que esione.

Una vez que Toledo Gutiérrez sea notificado, cuenta con siete días para presentar manifestaciones de defensa.

Los fiscales especializados de Combate a la Corrupción y para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, Rafael Chong Flores y Richard Urbina Vega, formalizaron el trámite.

El escrito fue dirigido a la secretaria general del Congreso de la Unión, Graciela Báez Ricardez.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos señaló horas antes que desde el 4 de septiembre de 2020 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación sobre el patrimonio del ex delegado en Coyoacán.

La indagatoria incluyó el análisis de sus declaraciones patrimoniales presentadas de 2006 a la fecha, información registral y notarial de diversos inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad y dictámenes periciales.

También se indagaron reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual arrojó que el ahora diputado “tiene un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados como servidor público”.

Los elementos probatorios obtenidos por Ministerio Público de dicha Fiscalía muestran hechos constitutivos de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por parte del ex jefe delegacional de Coyoacán, indicó Godoy.

El Partido del Trabajo, que se reunió esta mañana de manera virtual, afirmó que la denuncia contra Toledo Gutiérrez es una “persecución política” por parte del gobierno capitalino.