Las propuestas de la iniciativa privada y los banqueros para modificar el modelo original de reparto de utilidades a los trabajadores “son inaceptables”; eso significaría “anular un derecho constitucional” conquistado a cambio de que acepten eliminar la subcontratación en las empresas, señaló Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).
Durante un foro de análisis sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU), la semana pasada, el Consejo Coordinador Empresarial planteó que ese derecho se otorgue con base en la productividad de cada trabajador y no según los días laborados. Mientras, la Asociación de Bancos de México propuso remplazarlo por bonos de productividad.
Al respecto, De la Cueva indicó que el sector patronal negocia –en el contexto de la reforma al outsourcing– otro medio para reducir sus costos y ampliar el margen de ganancias, ya que perderían “ese jugoso negocio” de subcontratación laboral por medio del cual han evadido impuestos, seguridad social y sobre todo evaden derechos laborales y responsabilidades patronales.
Añadió que las empresas quieren “escamotear el reparto de utilidades con propuestas absurdas”, porque intentar ligarlo con el concepto de productividad “es algo que no tiene nada que ver con el principio de la PTU, el cual consiste en repartir un porcentaje de las ganancias que tiene la empresa de acuerdo con las condiciones laborales y productivas que tiene”.
Además, subrayó, los bonos de productividad tienen mucho tiempo que se aplican en México y están al arbitrio de la empresa, es decir, ese concepto se mide según sus propios parámetros.
Para el experto en temas sindicales, el fondo del asunto es reducir sus costos a partir de “una transformación radical del derecho constitucional”, lo cual significaría una reforma a la Constitución –en su artículo 123, apartado A, fracción IX– mas no a la Ley Federal del Trabajo, para no repartir utilidades y en su lugar se den bonos de productividad como hacen algunas empresas.
De la Cueva subrayó que se tienen que regular los abusos como la subcontratación laboral, sin que eso afecte otros derechos como el reparto de utilidades. El sector privado “quiere seguir viendo cómo reducir sus costos y ahora quieren hacerlo anulando la PTU”, insistió de la Cueva.
