Washington. Los demócratas han tardado apenas unos días en evaluar hasta dónde puede llegar la ambiciosa propuesta migratoria del presidente Joe Biden en el Congreso de Estados Unidos y reconocen que, si surge algo, será probablemente mucho más modesto.

El proceso de ciudadanía considerado en el plan de Biden se demoraría sólo tres años en algunos casos y hasta ocho en otros. La propuesta facilitaría que cientos de trabajadores se queden en el país de forma temporal o permanente; concedería ayudas al desarrollo de países de Centroamérica, con la esperanza de reducir la inmigración, y reforzaría la tecnología de control fronterizo.

Richard Durbin, senador de Illinois y segundo en la jerarquía demócrata en la cámara alta, afirmó en una entrevista esta semana que el paquete que tiene más posibilidades de salir adelante ofrecería una vía a la ciudadanía para los dreamers.

Más de 600 mil personas en esta situación tienen permisos temporales de residencia gracias a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creada por el ex presidente Barack Obama, que Durbin y otros querrían ver convertido en ley.

Durbin, quien calificó el plan de Biden de “aspiracional”, apuntó que espera también otros elementos, como más visas para trabajadores agrícolas y de otro tipo.

El Senado está dividido de forma equitativa entre demócratas y republicanos, y la vicepresidenta, Kamala Harris, decantará las votaciones ajustadas en favor de los demócratas con su voto de desempate. Pero para salir adelante, la legislación importante debe contar con 60 votos a favor para evitar el filibusterismo: una táctica dilatoria para obstruir la aprobación de una ley. Esto supone que 10 republicanos deberían unirse a la totalidad de los demócratas para promulgar una reforma migratoria, algo complicado.

“Aprobar la reforma migratoria en el Senado, en especial, es una tarea hercúlea”, dijo el senador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez, quien tendrá un rol principal en este tema.

Muchos republicanos están de acuerdo con la opinión de Durbin. “Creo que el espacio en un Senado dividido 50 por ciento será para algo como el acuerdo del DACA”, apuntó Lindsey Graham, senador republicana de Carolina del Sur, quien ha trabajado con los demócratas en acciones migratorias previas. “Una reforma migratoria integral va a ser difícil por este entorno”.

En este contexto, autoridades migratorias liberaron a las últimas de las nueve mujeres detenidas que fueron llevadas a ver a Mahendra Amin, un ginecólogo rural de Georgia, acusado de practicarles histerectomías y otros procedimientos médicos innecesarios, indicó una abogada de las afectadas.

Decenas de víctimas han acusado a Amin de realizar sin su consentimiento procedimientos innecesarios desde el punto de vista médico y pusieron en peligro la capacidad de ellas para tener hijos. Las afectadas estaban en el centro de detención del condado de Irwin, de gestión privada, en Ocilla, Georgia.

Por medio de su abogado, Amin ha negado haber cometido delito alguno. Hay una investigación criminal federal abierta.

Durante el mandato del ex presidente Donald Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas deportó el año pasado al menos a seis mujeres que denunciaron las prácticas de Amin, y estuvo a unas horas de hacer lo mismo con al menos tres más antes de la intervención de sus abogados.

En la política nacional estadunidense, un grupo de 35 congresistas del Partido Demócrata, encabezados por Ayanna Pressley, de Massachusetts, y Cori Bushl, de Missouri, firmaron una carta en la que piden a Biden conmutar las condenas de todos los presos federales en el corredor de la muerte.

En la misiva, enviada el viernes, los congresistas instan a Biden “a tomar medidas rápidas y decisivas”, porque “la anulación de las condenas, el reinicio de los procedimientos, es un primer paso fundamental para remediar esta grave injusticia”, según el texto, recogido por la cadena CNN.

“Esperamos trabajar con su administración para promulgar políticas justas y restauradoras que transformen significativamente nuestro sistema legal penal para mejor”, han indicado, en lo que conciben como “una acción sin precedentes, pero necesaria, para revertir las injusticias sistémicas y restaurar la posición moral de Estados Unidos”.

En tanto, el Departamento de Justicia reportó que se han imputado cinco cargos a Garret Miller, uno de los participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero, quien amenazó en Internet con asesinar a Alexandria Ocasio-Cortez, integrante de la Cámara de Representantes, y a un agente de la policía del Capitolio.

Autoridades federales debaten en privado si deberían negarse a acusar a algunas personas que irrumpieron en el recinto legislativo, una propuesta políticamente cargada, pero que alerta sobre la preocupación práctica de que cientos de estos casos podrían inundar el tribunal local, reportó el diario The Washington Post.