A fin de detectar a tiempo conflictos de intereses y frenar probables procesos de enriquecimiento ilícito entre los servidores públicos del país, en 2021 se pretende sentar las bases para que más de 3 millones de empleados en los estados cumplan con los nuevos formatos de declaración patrimonial, que ya se implementan en lo federal.

Informó lo anterior la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, en la primera sesión ordinaria de este año del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La funcionaria presentó los resultados de la aplicación de los nuevos formatos en la materia –comenzaron a operar en 2020–, con lo que se pasó de 209 mil declaraciones presentadas en 2019, a más de un millón 300 mil al cierre de 2020, pese a la pandemia. Recordó que se multiplicó el número de sujetos obligados, al pasar de 222 mil a un millón y medio de servidores públicos obligados.

Durante la sesión, se agendaron otras tres sesiones para este año y se dio a conocer el informe sobre el avance de las políticas estatales anticorrupción, en el que se acreditó que hasta ahora siete estados ya cuentan con ella y siete avanzan en estos mecanismos.