Bruselas. La Unión Europea (UE) y Rusia rechazaron ayer la inclusión de Cuba a la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, que ordenó el ex presidente estadunidense Donald Trump en la recta final de su administración.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, conversaron sobre la futura cooperación y el impacto de las sanciones económicas estadunidenses, informó ayer la UE.
De acuerdo con una breve nota, en el diálogo ambos funcionarios pasaron revista al proceso de diálogo político entre Cuba y la UE, apoyado en un acuerdo firmado en 2016 y aplicado en forma provisional desde 2017.
“En particular discutieron el impacto de las sanciones de Estados Unidos en la economía cubana y los intereses de la UE en materia de comercio e inversiones”, expresó la UE en su nota.
Borrell también “rechazó con firmeza la decisión de última hora de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de los estados que patrocinan terrorismo”.
Agregó que esa decisión tendrá “un impacto negativo en las inversiones directas en Cuba y también agravará la difícil situación de sus ciudadanos, en medio de la pandemia” del Covid-19.
También apuntó que la UE está “tan lista como siempre para apoyar a Cuba en sus esfuerzos de reformas en el interés de todos”.
A escasos días de abandonar el poder, el gobierno de Donald Trump sorprendió a todos el pasado 11 al volver a incluir a Cuba en la famosa lista de “estados patrocinadores del terrorismo”, de la cual ya había sido retirada en 2015.
Además, impulsó a última hora nuevas sanciones contra funcionarios cubanos, incluyendo al ministro del Interior.
El canciller ruso, Serguei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo cubano, condenó la decisión de la administración Trump.
Ambos cancilleres expresaron su disposición a profundizar la cooperación bilateral.
El ministro ruso enfatizó la concordancia de Moscú y La Habana en el apoyo de los objetivos y principios fundamentales de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, así como en el rechazo a la práctica de aplicar sanciones unilaterales, que son contrarias al derecho internacional.
