Caracas. La oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) informó que detuvo los programas en Venezuela que incluyen transferencias de recursos en efectivo a los pobres mediante agrupaciones locales sin fines de lucro y pidió al gobierno de Nicolás Maduro establecer reglas claras sobre el envío de efectivo.

“Estamos trabajando con las autoridades pertinentes para que los programas de transferencias monetarias estén en línea con el marco regulatorio financiero/bancario vigente en el país con el fin de volver a reactivarlos, garantizar la seguridad del personal humanitario y seguir apoyando a las personas vulnerables beneficiarias”, indicó OCHA en un correo electrónico.

Agregó que la suspensión no impacta otras actividades de respuesta humanitaria en proceso y que buscan otro tipo de beneficios a quienes han recibido transferencias de efectivo.

Al respecto, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a solicitudes de comentarios.

La decisión de OCHA ocurre luego de que cinco integrantes de la organización de prevención del VIH, Azul Positivo, que enfrentan cargos como asociación delictiva y lavado de dinero, fueran detenidos.

La agrupación no forma parte de los programas de transferencia por parte de OCHA, indicaron fuentes.

En su plan de respuesta humanitaria 2020, detalló que esperaba proporcionar 57.8 millones de dólares a 32 agrupaciones venezolanas para su distribución con transferencias de efectivo en busca de brindar alivio a las crisis humanitaria y económica que vive el país.

Mientras el gobierno de Maduro desconfía de la ayuda del exterior, el líder de la oposición, Juan Guaidó, creó en 2020 un programa en el que por un periodo depositó 100 dólares mensuales a un grupo de trabajadores de la salud que usó fondos congelados en Estados Unidos, lo que fue rechazado por funcionarios del oficialismo.

Por otra parte, en Bruselas, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Gerhard Hogan, señaló que el Tribunal General del bloque cometió un “error de derecho” al rechazar una apelación de Venezuela contra sanciones adoptadas por el Consejo Europeo y sugirió el retorno del caso a esa corte.

Hogan se refirió al fallo de 2019 que desestimó una apelación presentada por Venezuela a las sanciones adoptadas por el Consejo Europeo dos años antes, por considerar que ese país no podía ser considerado persona jurídica.

En opinión del letrado irlandés, las autoridades venezolanas sí estaban legitimadas para recurrir la anulación de las sanciones, diseñadas para afectar al país, al entender que se puede considerar persona jurídica si se atiende a la práctica constante seguida en el derecho internacional.

En segundo lugar, el dictamen del abogado general señala que sí tenía cabida el recurso de las autoridades, dado que las medidas restrictivas iban dirigidas especialmente a Venezuela y fueron concebidas para afectar a dicho Estado, en contra del fallo del tribunal, y aseguró que esa nación no contaba con afectación directa de las sanciones al tratarse de medidas individuales.

En una nota de prensa, el TJUE agregó que los jueces “comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior”.