Ciudad de México. Con la finalidad de proteger el patrimonio cultural, arqueológico e histórico de México que se ubique en territorios de ejidos y comunidades, la Procuraduría Agraria (PA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, celebraron un convenio marco de colaboración.
Luis Hernández Palacios Mirón, titular de la PA destacó que prácticamente todos los núcleos agrarios (32 mil 200 constituidos a nivel nacional) tienen vestigios culturales, por lo que es muy importante que a través del diálogo y la comunicación “podamos crear conciencia y garantizar la conservación, recuperación y difusión de nuestros bienes arqueológicos y, al mismo tiempo, buscar los caminos para que los sujetos de derecho sean partícipes de los beneficios en forma equitativa y justa”.
El “acto inédito” se realizó en las oficinas generales del INAH en la Ciudad de México, y estuvo encabezado por Hernández Palacios Mirón y el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del INAH.
En la sesión, también estuvieron presentes, en su carácter de enlace y signantes del convenio, el encargado del despacho de la Subprocuraduría General de la Procuraduría Agraria, Alejandro Chanes Ortiz, así como la Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, María del Perpetuo Socorro Villareal Escárrega.
En las bases de colaboración que rigen este instrumento jurídico, se destaca que ambas instituciones unirán esfuerzos, en el ámbito de sus respectivas competencias, para impulsar acciones encaminadas a la investigación, protección, conservación, preservación, restauración, difusión y promoción del patrimonio cultural, arqueológico e histórico de México, que se ubique dentro de los terrenos de propiedad social.
Prieto Hernández consideró que el Convenio formaliza los vínculos de colaboración que ya existen con la PA, y subrayó el hecho de que este instrumento contribuirá a preservar las áreas y zonas arqueológicas así como las relaciones con los núcleos agrarios, que se verán beneficiados de estas acciones interinstitucionales.
“La idea es generar programas en donde los núcleos agrarios sientan que el patrimonio arqueológico es un bien que les puede beneficiar no solo en términos de identidad, sino también de oportunidades de desarrollo, de ingreso y ocupación productiva alrededor de las zonas arqueológicas, mediante una serie de actividades y servicios a los visitantes que les va a redituar beneficios a su comunidad”, subrayó el director del INAH.
Tanto la PA como el INAH acordaron intercambiar información sobre la naturaleza jurídica de los terrenos de propiedad social en los que se ubique patrimonio arqueológico o histórico propiedad de la nación.
Asimismo, llevar a cabo intercomunicación respecto de los terrenos ejidales y/o comunales que revistan un interés arqueológico o histórico relevante para ser protegidos tomando en consideración la utilidad pública plasmada en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. Artísticos e Históricos.
Ambas instituciones convinieron en realizar un diagnóstico de cómo está la correlación entre las zonas arqueológicas, sobre todo las que están abiertas al público, pero también algunas otras que tienen vestigios importantes los núcleos agrarios, priorizando algunos lugares donde pueda haber más riesgo o conflicto social de índole agrario, para avanzar en su solución.