Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer si existen denuncias contra ex presidentes por hechos relacionados con el ejercicio del encargo que desempeñaron y, si las hay, de quiénes se trata, qué delitos se les achacan, cuántas carpetas de investigación se han iniciado, los nombres que aparecen en las mismas y el estatus de las demandas presentadas en su contra.

Así lo determinó por unanimidad este miércoles en su sesión pública el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al resolver un recurso tramitado por un particular luego que la dependencia de justicia le negara esos datos.

El Instituto determinó además que la FGR debe proporcionar la misma información si existen denuncias contra el presidente de la República en turno, Andrés Manuel López Obrador.

El caso fue expuesto, durante la sesión pública por el comisionado Óscar Guerra Ford, quien aseguró que aunque la materia de la solicitud para dar a conocer información sobre denuncias es considerada de acceso restringido, en este caso dijo, se trata de un tema de gran interés público.

“Su difusión contribuirá tanto a garantizar el ejercicio del acceso a la información, como a favorecer la rendición de cuentas a las y a los ciudadanos de manera que puedan valorar, tanto el desempeño de los expresidentes y presidentes, como también el actuar de la FGR, fortaleciendo, de tal forma, el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas, así como en su momento esclarecer hechos, pasados y presentes, de una efectiva rendición de cuentas sobre la garantía que el sujeto obligado da a la procuración de justicia y al respeto a la reparación del daño de las víctimas”, enfatizó el comisionado.

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucional la consulta para juzgar a expresidentes y al presidente en turno, un particular solicitó a la FGR pide conocer el número de ex mandatarios o si el actual mandatario han sido denunciados ante la instancia de procuración de justicia, cuáles son sus nombres, cuáles son los delitos por los que se les denunció, cuántas carpetas de investigación se han iniciado en consecuencia, cuáles son los nombres de los expresidentes o presidente que aparecen en las carpetas de investigación y cuál es el estatus de las denuncias.

La FGR respondió que estaba en imposibilitada para pronunciarse sobre la información requerida bajo el argumento de que “afirmar o negar alguna indagatoria, denuncia, procedimiento, sanción o investigación en contra de una persona física identificada o identificable, estaría atentando contra su identidad, honor, buen nombre, presunción de inocencia”.

Al respecto, Guerra afirmó que tras un análisis del caso de determinó que “el daño que se causaría con la difusión de la existencia o inexistencia de estas denuncias en contra de las personas de interés, aun cuando ello reviste un carácter confidencial, en primer término, por ser un dato personal, inherente, y de personas identificables, creemos que genera un mayor beneficio a la sociedad en general al publicarlos, que es mayor que tenerlos resguardados”.

Agregó que la SCJN resolvió que es constitucional la materia de consulta popular promovida por el Senado y aprobó formular una pregunta relacionada con el esclarecimiento de hechos del pasado.

“Divulgar información de denuncias presentadas en contra de personas que se desempeñaron como jefes de Estado, el cargo más alto del rango dentro del país, aporta elementos para lograr una sociedad democrática en la que se esclarezcan determinadas actuaciones y hechos del pasado, además de garantizar el derecho a la verdad, acceso a la justicia, la reparación de las víctimas y prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder”.

Tras escuchar los argumentos de Guerra Ford, sus compañeros comisionados avalaron que se ordene a la FGR modificar la respuesta inicial y entregar la información solicitada.