Ciudad de México. Para avanzar en contra de la impunidad y la violencia en el país, el Estado mexicano debería permitir la llegada de un mecanismo internacional extraordinario que lo asesore en la materia, y con quien haya un ejercicio de “soberanía compartida”, lo cual implica delegar parte de sus facultades.

Así lo afirmaron los participantes en el conversatorio virtual “Debates actuales sobre la justicia en México”, quienes advirtieron que este ejercicio de cooperación podría verse frenado si se imponen posturas de “nacionalismo judicial” extremo.La jurista María Eloisa Quintero, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, destacó que a pesar de las carencias y obstáculos que debió enfrentar, dicho organismo logró plantear investigaciones integrales de fenómenos delictivos que llevaron a obtener más de 400 sentencias, con más de mil 500 imputados.

Para alcanzar resultados positivos mediante este tipo de herramientas, dijo, es necesario contar con diversos elementos, entre ellos un plan de trabajo coordinado entre instituciones y organismos civiles, un marco mínimo de seguridad para investigadores y jueces y un equipo independiente, guiado por un método específico.

El éxito de un esquema así en México, estimó Quintero, dependería de que se asuma una óptica integral de análisis de la macrocriminalidad --en vez de seguirse enfocando en las acciones particulares de sujetos en lo individual--, y de evitar que regrese una postura de “nacionalismo extremo” que impediría colaborar con mecanismos jurídicos internacionales.

En el caso del general Salvador Cienfuegos, destacó la especialista, la Fiscalía General de la República siguió la lógica de que el militar no se había comunicado directamente con nadie ni dio ninguna orden, en vez de preguntarse lo que no hizo o lo que habría tenido que impedir como alto funcionario.

“Pecamos de ingenuos al tratar de encontrar bienes o pagos por una cuenta bancaria; hay muchas otras formas para encontrar la ventaja que recibe una persona por dejar de hacer lo que debió hacer o participar como principal responsable. Tenemos que trabajar con enfoque y método de macrocriminalidad”, recalcó.

Por su parte, Jan-Michel Simon, académico del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional, subrayó que este tipo de herramientas implican que entre el Estado anfitrión y el grupo asesor se ejerza una “soberanía compartida” en la cual las autoridades acepten delegar parte de sus prerrogativas.

“No es una maniobra unilateral de un agente externo, sino que se basa siempre en un acuerdo de cooperación del Estado con el mecanismo híbrido externo para mejorar la impartición nacional de la ley. […] Un mecanismo híbrido implica compartir espacios de poder y tener una autonomía nacional disminuida. Suena feo, pero no es así”, pues entre más ceda el Estado sus prerrogativas, mejores serán los resultados de las indagatorias, señaló.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, lamentó que el Estado mexicano “no puede ni quiere investigar” las redes de macrocriminalidad que hay en el país, por lo que son las organizaciones civiles y de familiares de víctimas las que deben exigir la intervención de mecanismos asesores internacionales.