Mexicali, BC. Las prioridades de la agenda de gobierno demócrata de Estados Unidos son visibles en el corto plazo, en materia sanitaria con base en orientaciones científicas, además de una regularización de 11 millones de migrantes y reforzamiento de seguridad fronteriza con tecnología, destacó el doctor en Ciencias Políticas y Sociología José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).

Un asunto toral, apuntó, es fortalecer una nueva estrategia integral contra la pandemia, luego del desinterés del ahora ex presidente Donald Trump, que se refleja en 401 mil 174 fallecidos al 19 de enero.

"El desafío del presidente Joe Biden es lograr una eficaz gestión de la pandemia con base de orientaciones científicas", explicó, en un contexto en que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han alertado sobre la variante B.1.1.7 del virus, más contagiosa y de rápida propagación, que prevén se convierta en la fuente principal de infección a partir de marzo.

En el documento "Biden 2021-2024 ¿Una nueva Era?", Ramos dijo que la propuesta es proveer 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno e invocará a la Ley de Producción de Defensa que le autoriza exigir que las empresas prioricen contratos para productos prioritarios.

Además, propone una partida presupuestal de 400 mil millones para combatir la pandemia, 20 mil millones destinados a la distribución de la vacuna y otros 50 mil para un test de coronavirus.

El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores advirtió que propondrá una reforma migratoria para regularizar a cerca de 11 millones de migrantes irregulares, "un hecho inédito, considerando que la principal política de regularización migratoria fue promovida por el presidente Reagan en 1986".

Entre los principales beneficiarios se encuentran los migrantes bajo la acción diferida para los llegados en la infancia (DACA) y los que se encuentran en un estatus de protección temporal a migrantes de Honduras, Nicaragua y El Salvador (TPS), entre otros.

El proyecto considera una residencia temporal de ocho años para los 11 millones de indocumentados, al término de los cuales podrán solicitar la tarjeta de residencia. Tres años después, podrían optar a la ciudadanía.

"Otro reflejo de la política humanitaria de la nueva administración demócrata es el interés gubernamental de reunificar a cerca de 600 niños que fueron separados en la frontera por la política migratoria de Trump en los últimos años", señaló el investigador mexicano.

La orden ejecutiva en materia migratoria también prevé un plan para reforzar la seguridad fronteriza mediante el uso de tecnología. "Con esta iniciativa se da continuidad al reforzamiento de la frontera con México y con ello se pretende tener el aval de los republicanos", enfatizó.

La propuesta de nombramiento de Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, como coordinadora de asuntos para la frontera sur e integrada en el Consejo de Seguridad Nacional, refleja la prioridad del nuevo gobierno con la agenda de seguridad y migración con México y Centroamérica.

En ese marco, las caravanas de migrantes hondureños se reducirían con una política de contención migratoria, recursos financieros a un plan de desarrollo en Centroamérica y acuerdos bilaterales en materia laboral con Estados Unidos con el fin de aumentar las visas para trabajadores no agrícolas (H2B) y de tipo agrícola (H2A).

Cabe mencionar que Guatemala es el tercer país a nivel mundial que aporta trabajadores temporales mediante visas H2 a Estados Unidos.

La contención migratoria de hondureños que realizó el pasado domingo el gobierno de Guatemala se comprende bajo esa cooperación con Estados Unidos, sostuvo.