Ciudad de México. La aprobación por consenso la propuesta de Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, por parte del Comité Tecnico de Expertos, fue celebrada por Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

A través de sus redes sociales, el funcionario precisó que “vamos juntos por el reconocimiento de los derechos inalienables de nuestros pueblos y el renacimiento de México”.

Para que la reforma se concrete aún faltan diversos pasos, pues lo aprobado por el Comité Técnico debe enviarse a los Comités de Seguimiento de los pueblos indígenas, los cuales harán sus aportaciones, luego pasa al Poder Ejecutivo y después al Legislativo.

En la séptima sesión de trabajo de este órgano, integrado por personas expertas en la materia y representantes de los pueblos indígenas, el Comité Técnico de Expertos aprobó por unanimidad la Exposición de Motivos y el Texto Normativo de la propuesta de reforma.

En la reunión el titular del INPI señaló que la reforma es un asunto de gran importancia para reconocer como sujetos de derecho público con personalidad jurídica a pueblos y comunidades indígenas, lo que implica ejercer su libre determinación, autonomía, y acceder a recursos públicos a través de sus autoridades comunitarias.

“Hoy no podemos pasar por alto que, así como hay luces y avances, también hay retrocesos, como la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lamentablemente no pudo declarar la invalidez y la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera, que evidentemente atentan contra el derecho a la consulta, a la tierra, territorio, agua y recursos naturales de nuestros pueblos y comunidades indígenas.”

Aseguró que en 2021 se habrán de concretar “pasos importantes” para alcanzar el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución y en las leyes, “con la sabiduría y los aportes” de los integrantes del Comité de Expertos, que presentaron sus observaciones, propuestas y aportes para ser integrados al texto, que será puesto en manos de la Comisión de Seguimiento -nombrada para tal efecto- y, en su momento, entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó en la junta que el principio de progresividad para dar justicia a los pueblos indígenas y afromexicano, así como su participación dentro de las estructuras políticas, jurídicas y económicas que guían al Estado, y a diversos municipios del país, que se rigen por el principio de los usos y costumbres.

En la referida sesión de trabajo de ese órgano, integrado por personas expertas en la materia y representantes de los pueblos indígenas, los cuales participan a título personal, el antropólogo Héctor Díaz-Polanco consideró que el documento es muy completo, plural e incluyente, por lo que de aprobarse por el Congreso de la Unión será un hecho histórico para dar un salto moral como país al reconocer a los pueblos indígenas y afromexicano.

El profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Salomón Nahmad y Sittón, celebró las aportaciones de integrantes del Comité de Expertos para integrar un documento amplio y nutrido. Coincidió en que es tiempo de enviar la propuesta al Legislativo, la cual, dijo, será de gran relevancia a nivel internacional, especialmente en América Latina, por su amplio contenido y análisis en cuanto a la situación actual de los pueblos indígenas.

El profesor Natalio Hernández Hernández planteó la necesidad de rescatar este documento para su divulgación desde el ámbito académico y educativo, ya que es producto del gran esfuerzo y aportes de pueblos indígenas y personas expertas en la materia.

La abogada Larisa Ortiz Quintero opinó que el documento debe ser amplio para abarcar todas las temáticas que analizará el Poder Legislativo

El documento aprobado señala que el propósito fundamental de la reforma constitucional es reconocer, “en toda la extensión de la palabra, a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con capacidad plena para decidir libremente sus formas de gobierno y organización, así como su desarrollo integral y bienestar común, con respeto a sus culturas y al aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales”.