El miércoles 28 de noviembre de 2018, el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, de la Procuraduría General de la República), Alonso Israel Lira Salas, emitió un resolutivo que no declaraba inocencia alguna de Ricardo Anaya Cortés, quien ese año había sido candidato presidencial a nombre del Partido Acción Nacional, pero sí establecía, respecto a la larga y muy mediática acusación de negocios oscuros en la compraventa de una nave industrial en Querétaro (por casi 3 millones de dólares, conforme a la paridad de la fecha), que “no existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

A dos días de dejar el poder, la maquinaria peñista que tuvo a raya a Anaya Cortés a lo largo de la campaña presidencial 2018 decidió otorgar al panista una especie de perdón bamboleante y estigmatizante que le permitiera pasar Navidad en relativa paz: “la denuncia presentada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez concluida la investigación, no se acreditó la ilicitud del recurso; por el contrario, se estableció la existencia de los recursos y que devienen de un crédito”, estableció el subprocurador Lira Salas.

Del tema se habló aquí el 17 de mayo de 2019, en una columna titulada “Ricardo Anaya, perdonado” (https://bit.ly/38TGTT4), a cuyo final se establecía: “Planteado conforme lo acomodó la corrupta y manipulable realidad institucional del México peñista: Anaya Cortés es inocente por cuanto la PGR se desistió de seguir con el asunto, pero la nave industrial queretana fue entregada a la PGR como parte de un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda por parte de la empresa fantasma usada para las triangulaciones de Anaya Cortés.”

Ahora, perdonado por Peña Nieto, el rollero político que fue diputado federal, presidente del comité nacional panista y candidato a Los Pinos en 2018, se apunta por sus azules pistolas a la muy endeble lista de aspirantes a presidir el país en 2024. No aceptó la invitación a ser candidato a diputado federal, pues prefiere enfocarse en el máximo cargo de México, para lo cual ya ha iniciado, dice, una campaña de visita de mil municipios de la República.

La aparición de futurismo electoral de Anaya Cortés, desdeñando la invitación de Marko Cortés, dirigente formal del PAN, a fortalecer una bancada opositora al morenismo en San Lázaro (otras “estrellas buscadas” son Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala y Vicente Fox) y tejiendo su propia ruta personal (la supuesta candidatura presidencial hasta 2024, con giras personales por todo el país desde ahora), exhibe la falta de unidad y programa compartido por quienes desean desplazar a Morena y la llamada 4T.

Son tantos y tan enconados los posicionamientos e intereses de panistas, calderonistas, priístas (el dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, ha puesto a su sobrino Christian Castro como candidato a gobernador de Campeche) y no se diga los políticamente más desarrapados perredistas, que las candidaturas, las alianzas reales y los proyectos a mediano y largo plazo están pesando negativamente en sus arreglos del presente.

Y, desde luego, por encima de todo, la guillotina pendiente de las órdenes de aprehensión que podrían derivarse contra esos antiamlistas a partir de delaciones como las hechas por Emilio Lozoya, que afectan a personajes relevantes de la corrupción reciente, entre ellos al propio Anaya Cortés a quien, según el dicho judicial de Emilio Lozoya, “en específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”.

El riesgo de detención o sujeción a lo judicial antes de llegar a San Lázaro ha impulsado al irónicamente llamado “joven maravilla” a una fuga hacia adelante: precandidato presidencial panista exprés, por si antes de junio tiene que declararse político preso o procesado. ¡Hasta mañana!

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