Si algo tienen en común los gobiernos neoliberales en la región es que la eficiencia ha demostrado ser un ingrediente más de su propaganda y uno menos de su gestión.
Bolivia no ha sido la excepción. Apenas 11 meses de gestión económica de Áñez bastaron para dañar la estabilidad de la economía con mejor desempeño del continente de la última década y para empobrecer las familias. La caída del PIB de Bolivia en 2020 superará 8 por ciento, un registro que si bien no destaca en contraste con sus vecinos, sobresale porque es el único país que en plena pandemia, en lugar de estimular la economía, ¡tomó medidas de ajuste! Un estudio realizado por el CEPR ( Economic Policy Responses to a Pandemic: Developing the Covid-19 Economic Stimulus Index) muestra que Bolivia está entre los países de América Latina que menos impulso fiscal dedicaron para enfrentar la crisis generada por la pandemia: menos de 0.5 por ciento del PIB (frente a 2 por ciento promedio global). En este breve y destructivo ciclo de neoliberalismo, Bolivia generó más de un millón de nuevos pobres durante la (indi)gestión de Áñez.
La victoria electoral del MAS en octubre sentó las bases para que, a partir de noviembre, con el nuevo gobierno, comenzara a suministrarse el antídoto. En sólo dos meses, Luis Arce se puso manos a la obra y llevó a cabo un amplio despliegue de políticas económicas, que se podrían agrupar en tres ejes: 1) humanitarias (para los más necesitados); 2) ordenar la casa, y 3) volver a crecer.
Humanitarias. Lanzamiento del Bono contra el hambre, equivalente a 140 dólares entregados mensualmente entre diciembre y marzo, que constituye un suplemento directo a los más necesitados para enfrentar la urgencia social.
Nuevo régimen de reintegro del IVA, que devuelve 5 por ciento del precio neto a quienes tengan salarios inferiores a mil 250 dólares, medida que mejora el ingreso de las clases medias y bajas.
Aumento de 3.4 por ciento en los ingresos de los jubilados para 2020.
Disminución del precio de los alimentos gracias al restablecimiento del certificado de abasto interno para la soja, de tal forma que la industria deberá destinar un mínimo de 15 por ciento de harina solvente a precio justo al mercado interno.
Ordenadoras. Final de la fiesta de 11 meses de contrabando: intensificación de la supervisión aduanera, crecimiento notable del número de decomisos y detenciones de funcionarios amañados.
Abrogación de decretos de Áñez perjudiciales para los intereses del público, como: a) decreto que autorizaba el uso de semillas transgénicas; b) decreto que difería el impuesto a las utilidades de las empresas (IUE), la rebaja de la base imponible del impuesto a las transacciones; c) decreto que permitía la libre exportación agropecuaria, de pollo y carne, y eliminaba el requisito del certificado de abasto interno; d) decreto que extendía la explotación del registro mercantil sin respetar debidos procesos; e) decreto que habilitaba la importación de vehículos usados, que daña el ambiente, la balanza comercial, envejece el parque automotor y deteriora los ingresos fiscales.
Desactivó juicios de arbitraje internacional por incumplimiento de pagos con la firma Dopprlmayr, la firma austriaca proveedora de Mi Teleférico por deudas no canceladas en el gobierno de facto.
Emisión de un bono navideño para incentivar a pequeños ahorristas.
Extensión del alícuota adicional de 25 por ciento de la alícuota al impuesto a las utilidades (AA-IUE) si su rentabilidad supera 6 por ciento, que hasta ahora sólo afectaba a los bancos y otras empresas financieras.
Sanción del impuesto a las grandes fortunas, que logrará que unas 150 familias contribuyan al esfuerzo común de sacar el país adelante.
Volver a crecer. Se ordenó la capitalización de 100 por ciento de los beneficios de 2020 de la banca y otras entidades financieras, con el objetivo de fortalecer el sistema financiero, aumentar la solidez de los bancos y expandir el crédito (ya que no podrá ser distribuido como dividendos).
Reprogramación y refinanciamiento automático de créditos cuyas cuotas vencieron durante la pandemia, que serán diferidas sin penalidades ni recargas.
Creación y reglamentación de dos fideicomisos para la reactivar la industria nacional y el combate al contrabando que atenta contra la producción nacional, especialmente de textiles, que resurgió durante el gobierno de Áñez.
Créditos de fomento agrario a 3 por ciento anual de interés.
Reactivación de la construcción del tren metropolitano cochabambino (más de 17 millones de dólares de inversión).
Reactivación de la planta procesadora de banano de Unabeni.
Más de 5 millones de dólares invertidos en BOA, empresa que estaba en proceso de desguace para venderla a precio de saldo (abandono de rutas rentables, retraso pagos tributarios y del mantenimiento de las aeronaves).
Un total de 130 millones de dólares destinados a créditos para reactivar la industria nacional, a 5 por ciento de interés y hasta 10 años de plazo, con el principal propósito de sustituir importaciones de bienes finales e intermedios.
Reactivación de plantas y proyectos productivos paralizados, en particular la industria del litio y la planta de urea paralizados por problemas técnicos, sospechosos de haber sido plantados para facilitar la apropiación privada a precio de saldo.
El Arce-presidente no ha dejado de ser Arce-economista. El conjunto de acciones tomadas en este corto periodo tiene un objetivo claro: que Bolivia retome la senda de una economía eficiente y con rostro humano, y que se logre a la mayor brevedad posible. Por ahora, va en el camino correcto.
