Moscú. El líder opositor Aleksei Navalny tendrá que permanecer en prisión preventiva durante casi un mes, hasta el 15 de febrero siguiente, dictaminó ayer la jueza Yelena Morozova, quien aceptó celebrar un juicio tan apresurado como improvisado en un sitio tan poco habitual para impartir justicia como resulta una comisaría de policía.
Ahí, en la ciudad satélite de Jim-ky, en la periferia norte de Moscú, el mayor adversario del Kremlin pasó la noche entre rejas, llevado desde la zona de migración del aeropuerto Sheremetievo, incluso sin pasar el control de pasaportes.
“He visto muchas burlas a la justicia, pero todo indica que ese abuelo del búnker (como dijo el opositor en alusión al presidente de Rusia) tiene tanto miedo que hicieron pedazos de modo ostensible el Código Penal y lo tiraron a la basura. Es increíble lo que está ocurriendo aquí, en una palabra estamos ante una arbitrariedad descomunal”, dijo Navalny en un video grabado por un reportero.
“No tengan miedo, salgan a la calle, no por mí, sino por ustedes, por su futuro”, alcanzó a agregar antes de que se ordenara desalojar el salón, dejando sólo dos medios afines a las autoridades.
Los abogados de Navalny, Olga Mijailova y Vadim Kobtsiev, apenas tuvieron tiempo de ver el documento en que el Departamento del Interior de la ciudad de Jimky, en cuya comisaría número 2 estaba detenido el opositor, argumentó la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva durante 30 días.
“La jueza (Yelena Morozova) tomó una decisión con base en normas legales que no presuponen decretar 30 días de prisión preventiva a condenados a libertad provisional, presentaremos un recurso de apelación contra este dictamen contrario a la ley”, adelantó la abogada Mijailova a un grupo de reporteros en la calle, mientras su cliente era llevado al reclusorio moscovita de Matroskaya Tishina (Silencio de los Marineros, como se conoce por el nombre de la calle desde fines del siglo XIX), donde no se permiten visitas de familiares y podrá pasear por el patio durante una hora al día.
En opinión de expertos independientes, como Aleksei Dobrynin, famoso jurista de San Petersburgo, la ley no permite detener a Navalny antes de que se celebre el juicio en que se deberá decidir si cambian la libertad provisional por prisión efectiva, que iba a tener lugar el 29 de enero y ahora será el 2 de febrero. La única excepción podría darse en caso de capturar en rebeldía a una persona en libertad condicional, pero nadie puede creer que sea el caso de Navalny que, con cinco días de anticipación, anunció su regreso a Rusia, sostiene Dobrynin.
Desde su detención la noche del domingo en el aeropuerto Sheremetievo, Estados Unidos, Gran Bretaña y los países de la Unión Europea, con distintos grados de dureza y abiertas amenazas de aplicar sanciones, han exigido la libertad inmediata de Navalny.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, les respondió ayer al señalar, en su conferencia de prensa anual, esta vez a distancia, que muchos políticos occidentales “hacen comentarios como si estuvieran calcados” sobre Navalny.
Según el canciller ruso, “eso les permite, al parecer, creer que de ese modo pueden distraer la atención sobre la crisis profunda en que se encuentra el modelo liberal”.
