Tal vez un solo párrafo del reporte de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos arroje luz sobre las tinieblas de muchos mexicanos que han tomado como su nuevo ariete el caso Cienfuegos para atacar al gobierno de López Obrador:

“Es urgente revaluar la Iniciativa Mérida”, dice el documento. El arresto del ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, acusándolo de delinquir con el tráfico de drogas, “minó la confianza” entre los dos países, asegura el reporte en la página 40 (45 en el caso de su conversión a PDF), y establece que si el Departamento de Justicia desechó los cargos en contra del general, el hecho por sí mismo amenaza la futura colaboración entre las dos naciones. No hay nada que agregar al documento presentado en diciembre pasado.

Además, seguramente será muy decepcionante para los hoy defensores de la DEA en nuestro país saber que entre 2019 y 2020 se llevó a juicio a cuando menos seis agentes de esa organización por su participación en hechos relacionados con el tráfico de drogas.

Uno de esos casos, por sobresaliente, es el de José Irizarry, calificado de ser un agente “estrella” que a principios de 2020, en febrero para ser exactos, se declaró culpable, junto con su esposa, de lavar dinero del narco colombiano, al que supuestamente combatía.

Mucho menos publicitado que el anterior, a finales de 2019 el ahora ex supervisor de la DEA, Natanael Kohen, fue acusado de recibir sobornos y colaborar con narcos en el tráfico de estupefacientes a gran escala.

Ahora que el asunto del general Salvador Cienfuegos vuelve a las discusiones y se repiten los datos que dimos a conocer en este espacio, no resulta menor tener en cuenta que muchos agentes de la DEA podrían ser capaces de cualquier cosa para no perder privilegios de actuación –para bien o para mal–, y con ello presionar a las autoridades mexicanas.

Desde el mismo momento en que el general Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto ,de la ciudad de Los Ángeles, en California, EU, se tenía bien claro que no existían los elementos de prueba que pudieran llevar al militar mexicano a un juicio que lo condenara. Así lo escribimos incluso en este espacio en aquellos días.

Los videos de los que tanto se habló eran copias de series de televisión, los mensajes en redes sociales no establecían con claridad que correspondieran a él, el asunto del Blackberry resultó una patraña y lo demás eran dimes que no se sostenían con ninguna prueba. Por eso la juez en Nueva York aceptó echar por tierra la acusación y reclamar el mal trabajo de quienes lo inculparon.

Por eso la pregunta que salta es: Y entonces, ¿por qué lo detuvieron? Quienes han estado atentos al suceso aseguran que se trata de una advertencia y venganza de la DEA. Primero, porque ya sabía que tendrían que corregirse algunas formas de actuación de sus hombres en suelo mexicano, y pretendía presionar para imponer una negociación en la que no perdieran todas las libertades que les habían permitido los gobiernos del periodo neoliberal; y luego, porque era el Ejército mexicano al que se pretendía ablandar, dado que los verdes son quienes se han negado sistemáticamente a colaborar con la DEA.

Para el gobierno mexicano ya era insostenible la situación. Así como nunca se informó de la investigación y detención del ex secretario de la Defensa Nacional, los agentes de la DEA se negaban a hacer saber a la autoridades mexicanas de sus pesquisas. Con absoluta impunidad montaban entrevistas con funcionarios mexicanos, por ejemplo, sin que se dieran a conocer los motivos de esos encuentros.

Pero no sólo eso, quienes fueron testigos de la detención de Cienfuegos dan fe de la humillante situación a la que se le enfrentó. No sólo se le separó de la parte de su familia que viajaba con él y se le amenazó con no volver a verla, sino que se le desnudó y revisó, se le vistió con el uniforme naranja, se le esposó y se le decía que allá, en Estados Unidos, él y el Ejército mexicano no eran nada. Cienfuegos sabía que no podían encontrar pruebas en su contra, y aguantó.

Por las imputaciones por las que se le detuvo y que dijimos podrían ser un montaje de la DEA, no podría acusarse al general. Pero no sólo está lo que tiene que ver con el narco, hay otros hechos, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y algunos otros en los que Cienfuegos tuvo necesaria participación que deben ser investigados a fondo. Tampoco es una blanca paloma.

De pasadita

Parece que el momento reclama el análisis del desempeño de la directora del Metro, Florencia Serranía, como para que sea ella misma quien presente su renuncia en aras de no seguir causando daño al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ya no se trata de una decisión de la jefa de Gobierno, sino del reconocimiento de la actual directora del STC de lo imposible que le ha sido administrar para bien este medio de transporte. Los incidentes han sido varios, desde choques de trenes, caída de escaleras y ahora el incendio. ¿Qué más le hace falta a la señora Serranía para convencerse?

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