Buenos Aires. Al cumplirse este sábado cinco años de la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala, que sigue bajo prisión, los organismos de derechos humanos expresaron su enorme preocupación por la existencia de presas y presos políticos del pasado gobierno derechista de Mauricio Macri (2015-2019) “sometidos hasta hoy a detenciones arbitrarias e ilegales”, entre los que figuran ex funcionarios, referentes sociales y dirigentes políticos que claman por su inocencia, mientras la justicia retrasa permanentemente la revisión de las causas.

Organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y otras importantes entidades, realizaron un comunicado repudiando este hecho.

Afirmaron que la persecución y la cárcel impuesta a Milagro Sala y a los suyos, fue consecuencia de su militancia y compromiso con los más humildes y vulnerables, por animarse a enfrentar a los poderosos y lograr el reconocimiento de derechos para su pueblo, ante lo cual, exigen una respuesta a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie urgentemente sobre la causa conocida como “Pibes Villeros”, que consideran “un juicio escandaloso, absolutamente viciado y por lo tanto nulo".

Advirtieron que los tiempos apremian y veremos “si deciden consolidar una infamia o finalmente serán capaces de hacer justicia”, entendiendo que no sólo Sala está sometida a una condena injusta “en esta etapa democrática de recuperación y ampliación de derechos”, sino que se encuentran en situación similar “otros dirigentes y referentes políticos y sociales”, cuyos procesos judiciales “revelan un entramado de complicidades cruzadas entre jueces, fiscales, servicios de inteligencia, medios hegemónicos y poderes fácticos”.

Entre estos destacan los nombres del dirigente social Luis D’ Elía y del ex vicepresidente Amado Boudou, advirtiendo que en ambos casos la Corte Suprema “inescrupulosamente ni siquiera abrió los recursos presentados por sus defensas y de ese modo sus injustas condenas quedaron firmes”.

Agregaron que es evidente que el Poder Judicial en Argentina “demanda urgente atención, debe ser reformado y democratizado. Mientras tanto, creemos que las injusticias señaladas aquí hay que repararlas perentoriamente, revisarlas y sanearlas, al igual que las causas y los responsables que las promovieron y ejecutaron”.

Incluso se pide -como ya se ha hecho anteriormente- que el Senado avance con el trámite para lograr la intervención del Poder Judicial de Jujuy, que ha validado, por acción u omisión, infinidad de arbitrariedades y finalmente añadieron que “a pesar del tiempo transcurrido, la guerra judicial desatada por Mauricio Macri y sus socios no ha cesado” alertando que es “una rémora que no acabará por autodepuración, que debe ser removida por el gobierno popular, porque condiciona la gobernabilidad y pone en serio riesgo la Democracia".

Es evidente la coincidencia de estas expresiones con las masivas marchas realizadas este sábado en la provincia de Jujuy, sitiada por fuerzas policiales, para supuestamente prevenir “disturbios”, y con las organizaciones sociales, sindicales y humanitarias que protagonizaron una manifestación durante la cual, al pasar ante el edificio de Tribunales, arrojaron bolsas de basura con la consigna de que “la Corte es el basurero de la democracia”.

El coordinador de la Tupac Amaru en esta capital, Alejandro Garfagnini, dijo que “es justamente la Corte la que tiene que resolver la apertura de los expedientes y de los recursos en queja que presentamos y dictar la nulidad de las causas”.

En la marcha realizada en Buenos Aires se expusieron las demandas en favor de “una reforma judicial profunda” la cual deberá comenzar “por la cabeza de ese poder del Estado”, y la advertencia de que cómo ha dejado la estructura judicial el gobierno de Macri nombrando, trasladando y cesando ilegalmente jueces, todas las acciones que surgen de esta “mesa judicial” van contra de las libertades y los intereses del pueblo.

El viernes pasado, Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) advirtieron que “la persecución continúa hasta hoy” y que “resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal”