Miércoles 6 de enero, una turba alentada por Donald Trump y compuesta por diferentes sectores de la alt-right estadunidense asalta por la fuerza el Capitolio, y realiza una performance que mostraba la descomposición de un régimen incapaz de cohesionar a la comunidad política de un imperio en decadencia.
Lunes 11 de enero, el ex director de la CIA y secretario de Estado saliente, Mike Pompeo, anuncia que Estados Unidos reintegra a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lista de la cual había sido retirada por Obama.
Ambos hechos son ataques a la democracia por parte de Trump y la alt-right, que con la medida contra la revolución cubana intenta poner trabas a un posible restablecimiento de las relaciones por parte del presidente entrante, Joe Biden, y se convierte en una nueva agresión que sumar a las realizadas desde enero de 1961 en que la administración de Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con el gobierno que lideraba Fidel Castro. Después vino el ataque mercenario de Playa Girón, en abril de 1961, el bloqueo económico, comercial y financiero, en 1962, y la introducción por primera vez en la lista de estados terroristas por parte de la administración Reagan, en 1982. Entre medio, pequeños gestos de distensión como la creación de las secciones de intereses en ambos países en 1977 y la reapertura de embajadas en 2015.
Dicho de otro modo, la medida tiene el doble propósito de generar mayores contradicciones a la administración Biden en sus potenciales planes de modificar la política hacia Cuba. A la vez, funciona como un guiño a la ultraderecha cubano-estadunidense de Florida, que apoyó la fracasada relección de Trump.
Aunque la administración Biden podría revertir la decisión, el proceso para hacerlo tomaría meses, dado que el Departamento de Estado tiene que hacer una revisión a fondo del tema, y sustentar el por qué de la exclusión de Cuba de ese listado.
Algunos demócratas prominentes, como Gregory Meeks, congresista por Nueva York y nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, o Ben Rhodes, ex asesor de Seguridad Nacional durante la administración Obama, han dejado claro que Cuba no es un Estado que patrocine el terrorismo, denunciando la intención de afectar la capacidad de maniobra de la administración Biden.
Además de la ultraderecha de Miami, el gobierno colombiano también ha influido en esta decisión, pues además de los vínculos del presidente Iván Duque con Florida, en Colombia no le perdonan a la revolución cubana el refugio a guerrilleros del ELN y su apuesta por facilitar unos diálogos de paz similares a los acontecidos con las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos persistía la intención de volver a incluir a Cuba en el listado de países patrocinadores del terrorismo, sin embargo, hasta el momento no habían logrado su objetivo por la ausencia de elementos que impliquen a la isla en el apoyo o financiamiento de organizaciones u acciones terroristas, a pesar de las presiones de conocidos personajes anticubanos de la política estadunidense, como el senador Marco Rubio, cuyo principal objetivo ahora es “torpedear” las relaciones entre los gobiernos de Biden y Díaz-Canel.
La relación entre Cuba y el ELN responde a un acuerdo de Estado y a protocolos firmados por las partes y las naciones garantes, que establecen claramente que en el caso de una ruptura de las negociaciones de paz, como sucedió, los integrantes de la delegación insurgente serán devueltos a territorio colombiano con todas las garantías de seguridad. Es inviable que Cuba entregue en calidad de prisioneros a los negociadores del ELN. La revolución cubana hizo más por la paz sirviendo de sede y garante de las conversaciones entre el gobierno y las FARC y el ELN que el propio Estado colombiano, pero al igual que Obama recibió el Premio Nobel de la Paz, la historia es injusta contra los procesos revolucionarios frente a los imperios hegemónicos.
Cuba no sólo no es un Estado que patrocine el terrorismo, es un Estado víctima del terrorismo con 3 mil 478 víctimas mortales y 2 mil 99 personas con discapacidad por acciones terroristas cometidas por el gobierno de Estados Unidos o diseñados por éste.
La inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo es sin ninguna duda, uno de los últimos coletazos de una fracasada y corrupta administración comprometida con la mafia cubana de Miami, como señaló el presidente Díaz-Canel. Pero la revolución cubana ha sobrevivido a 12 presidentes, desde Eisenhower a Trump, y un bloqueo criminal, por lo que no hay ninguna duda que de una u otra manera, va a sobrevivir a Joe Biden.
