El gobierno de López Obrador conoce por experiencia, la fortaleza interna y las capacidades de las comunidades y los pueblos originarios. Sabe de sus valores sociales y personales, así como de su relación simbiótica con la naturaleza, de manera que el proyecto del Tren Maya se convierte en la oportunidad de transformar el sursureste desde las personas, la mayor cantidad de recursos económicos disponibles a impulsar su economía, sin recurrir a los mecanismos tradicionales de endeudamiento, utilizados en forma desmedida por los gobiernos anteriores. Para ello se ha propuesto realizar tres grandes proyectos: la construcción de una gran refinería en Tabasco; el desarrollo del Corredor Transístmico en Tehuantepec, que una a los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante un gran proyecto ferroviario ubicado en territorios de Veracruz y Oaxaca, (proyecto éste, ya planeado por gobiernos anteriores, pero nunca formalizado), y el tercero y más ambicioso en sus objetivos, conocido como Tren Maya, el cual conformará un circuito de mil 500 kilómetros, que abarca a Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y parte de Tabasco.
Los dos primeros proyectos han sido motivo de críticas por parte de los principales partidos de oposición, que ahora todo lo ven mal, olvidándose de que en años previos, no había crítica alguna para proyectos de altos costos y dudosos beneficios. El proyecto del Tren Maya también ha tenido críticas crecientes y preocupantes, pero en este caso, principalmente por parte de grupos indígenas y, sobre todo, de integrantes del Ejército Zapatista, así como de algunos líderes de opinión y luchadores sociales progresistas, todos ellos por razones que vale la pena analizar y considerar, siendo la más importante la relacionada con el desarrollo de proyectos en el pasado, los cuales distaron mucho de lograr los objetivos propuestos.
Un ejemplo de ello data del gobierno del presidente Luis Echeverría, quien en la década de los 70 planteaba el desarrollo de un gran proyecto turístico en Cancún, con el cual se pretendía crear fuentes de trabajo y desarrollos gubernamentales, que explotando las enormes riquezas naturales de la región, permitiesen mejorar en todos sentidos la calidad de vida de los habitantes de Quintana Roo. Para comprender la lógica de aquel proyecto que terminó convirtiéndose en una zona de grandes inversiones privadas, sobre todo extranjeras, mientras que la población originaría de la región terminó totalmente marginada y explotada por los altos costos de subsistencia y los reducidos niveles de ingreso para las plazas de trabajo a las que ellos tuvieron acceso, como actividades de limpieza, mantenimiento, preparación de alimentos y otros servicios que en general eran mal pagados.
En este sentido, mal comienzo tuvo el inicio de este nuevo proyecto del Tren Maya para los organismos gubernamentales que intervinieron en él por razones fáciles de comprender: la primera de ellas proviene de la necesidad imperiosa de Andrés Manuel López Obrador de ganar los comicios de 2018, para dar un cambio de rumbo a la nación, luego de intentos infructuosos en 2006 y 2012, cuando hubo gobiernos que llevaron al país al desastre, dados los niveles de corrupción y violencia, así como de enajenación del patrimonio nacional.
Por ello, la nueva estrategia, que esta vez le dio frutos, fue la búsqueda de apoyos y alianzas que dificultaran un nuevo fraude electoral, y ello, como todo en la vida, tiene necesariamente costos. Sin duda, uno de éstos fue el nombramiento de Alfonso Romo como jefe de la Ofici-na de la Presidencia, un conocido industrial de Nuevo León, que pudo lograr que un grupo importante de empresarios le diera su apoyo al hoy Presidente de la República durante su campaña por la Presidencia, siendo altamente probable que sus actividades forestales en Chiapas y Quintana Roo lo llevaran a un conflicto de intereses, lo que da lugar a críticas serias, como la publicadas en números recientes de la revista Proceso.
Su salida del equipo de colaboradores del Presidente seguramente tendrá repercusiones positivas para el proyecto del Tren Maya, pero aun así, son muchos otros los problemas que habrá de enfrentar el proyecto para lograr los objetivos definidos por AMLO para asegurar que la puesta en operación del tren no termine como el caso de Cancún, el cual ahora debiera servir de ejemplo para eliminar los errores cometidos en aquel proyecto multimillonario.
Para ello, será necesario asegurar, en primer lugar, que éste no dañe de manera alguna los ecosistemas de la región; afortunadamente hoy contamos con organismos como el Instituto de Ecología del Conacyt, cuya experiencia en esta nueva rama del conocimiento puede ser un factor importante para eliminar riesgos ecológicos para la naturaleza, y, por otra parte, el establecimiento de la Universidad Benito Juárez en los municipios de Venustiano Carranza, Palenque y Chilón, en Chiapas; de Escárcega, en Campeche; de Ticul, Valladolid y Yaxcaba, en Yucatán, así como de Carrillo Puerto, en Quintana Roo, donde se podrán preparar tanto ecólogos como administradores de empresas, chefs e ingenieros agropecuarios y forestales que harán posible que sea la población rural de la región la que conforme el personal necesario y suficiente para asegurar la dirección y operación de las cooperativas y empresas gubernamentales de servicio que operen en la ruta del tren y en el cuidado de la naturaleza.
