Los organismos constitucionales autónomos (OCA), cuya desaparición propone Andrés Manuel López Obrador, no acumulan observaciones por grandes montos sin comprobar en los estudios que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), e incluso algunos no han recibido ningún señalamiento o nunca han sido analizados por la entidad revisora.
De acuerdo con datos de la ASF, el OCA que ha dejado mayor cantidad de recursos sin comprobar hasta la fecha es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual tiene observaciones por 25 millones de pesos aún no solventadas.
En uno de los estudios donde se señala una posible falla del mencionado organismo, se indica que en la Cuenta Pública de 2012 incumplió los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al adjudicar un contrato sin buscar las mejores condiciones disponibles en el mercado.
Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene señalamientos del organismo revisor del gasto público por 24.3 millones de pesos, debido a irregularidades como pagos excesivos y extemporáneos a prestadores de servicios, así como por penalizaciones que no le aplicó a empresas que incumplieron contratos.
Otro de los OCA que aparecen con montos relativamente menores aún no comprobados es la Comisión Reguladora de Energía, la cual tiene observaciones por 19.1 millones de pesos, en particular de la Cuenta Pública 2018, cuando pagó esa cantidad por módulos petrolíferos y de gas natural, sin que dichas instalaciones estuvieran en funcionamiento.
También existen organismos autónomos que nunca han recibido señalamientos de manejos irregulares de sus fondos, como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, e incluso otros que nunca han sido auditados por la ASF para verificar que el ejercicio de su presupuesto sea correcto, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
