En 2010 el gobierno de Felipe Calderón afirmó de manera eufórica y victoriosa que, con el sistema penitenciario que él inauguraba, el costo de mantener a cada reo pasaría de 690 a sólo 230 pesos diarios. Una década después, según reportes oficiales, cada recluso federal le cuesta a los mexicanos 3 mil 500 pesos diarios en promedio; es decir, 15 veces más de lo prometido.

Lo anterior, producto de un negocio multimillonario que el gobierno calderonista, guiado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (hoy acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa), puso en manos de un puñado de empresarios, en el que destacan dos cuñados del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

El negocio de los penales privados, echado a andar en el sexenio de Calderón a un costo de casi 200 mil millones de pesos, y consolidado en el de Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo, de acuerdo con estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con un “sobrecosto injustificable” de por lo menos 41 mil millones de pesos.

“Hacienda autorizó 199 mil 476.6 millones de pesos para la operación de los ocho Centros Federales de Readaptación Social. Los costos unitarios tuvieron un incremento hasta de 27.2 por ciento, el cual no fue justificado, lo que significó un sobrecosto por 41 mil 26 millones de pesos”, reportó el organismo en la Cuenta Pública 2017.

Dicha cifra ha aumentado, pues de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora ha puesto bajo escrutinio los contratos, el costo de los reclusorios privados para el país es de 266 mil millones de pesos.

En 2010, cuando se anunció el nuevo sistema en medio de un aumento significativo en el número de presos producto de la llamada guerra contra el narcotráfico, José Patricio Patiño, entonces subsecretario del Sistema Penitenciario, afirmó que el costo diario estimado por cada interno bajaría hasta los 230 pesos.

En ese entonces, el costo promedio era de 690 pesos y, actualmente, lejos de disminuir, es de 3 mil 500 pesos; no obstante, de acuerdo con información recientemente presentada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en algunos de los penales en manos de privados el costo llega a ser de 6 mil pesos.

Lo anterior, indicó la funcionaria, contrasta con los 500 pesos que en promedio cuesta mantener a cada interno en los reclusorios del gobierno de la Ciudad de México.

Mientras el costo federal aumenta, y hay pagos comprometidos por lo menos hasta 2032, los ingresos de las empresas a los que se les otorgaron los contratos de manera directa para administrar ocho penales federales, con o sin personas privadas de su libertad, aumentan año con año.

Pues, según datos oficiales, sólo en 2020 se destinaron otros 16 mil millones de pesos, cantidad que equivale a la mitad de los 32 mil millones que erogara el gobierno federal para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Las empresas elegidas para el nuevo sistema penitenciario fueron Arendal, GIA, Homex, ICA, Prodemex y Tradeco, a las que se sumaría Grupo Ideal, tras la quiebra de Homex, con empresarios como Hipólito Gerard Rivero (cuñado del ex presidente Salinas de Gortari), Bernardo Quintana, Eustaquio de Nicolás, Adrián García Pons, Olegario Vázquez y Carlos Slim.

Sin embargo, con los años se han dado nuevas asociaciones, y algunas han vendido los contratos, lo que hadado paso a la incorporación de otras empresas como Exi Quantium, Black Rock y DIP Concesionaria, entre otras, dando entrada a hombres de negocio como Alija Guerrero o Jerónimo Marcos Gerard Rivero, otro cuñado del ex presidente Salinas de Gortari.

Según Rodríguez, en los nueve años pasados el gobierno ha pagado 75 mil 665 millones de pesos, 36 por ciento del monto pactado por los penales en Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Chiapas y Morelos. Por lo que aún está pendiente el pago de 190 mil 658 millones de pesos en 11 años que quedan de vigencia .

De acuerdo con información pública, pues no es posible acceder a los convenios adjudicados de manera directa, dado que por razones “de seguridad nacional”, éstos fueron clasificados como confidenciales hasta 2032, las empresas beneficiadas no sólo se encargarían de la construcción y administración, sino también serían las responsables, con su respectivo cobro, de brindar los servicios de alimentación, servicio médico, mantenimiento, esparcimiento y lavandería, entre otros.