Aun cuando no hay acuerdo de extradición con Israel, México avanza en las gestiones para traer al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, involucrado en actos de tortura asociados a las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el canciller Marcelo Ebrard, quien subrayó que, al estar involucrado en violaciones a derechos humanos, ambos países están obligados a dar respuesta.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, rechazó las imputaciones de los padres de los normalistas cuestionando su falta de cooperación en las investigaciones, pues están proporcionando la información requerida. “Hubo una petición para que pudiera el grupo de expertos tener reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional. Dentro de ese mismo marco de apertura, las veces que se requiera para que puedan tener toda la información. Que no se tenga esa percepción de que estamos ocultando cosas”.
En otro tema, tras lamentar el asesinato del legislador local, Juan Antonio Acosta, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la violencia desatada en Guanajuato refleja la “profunda descomposición social que se fue gestando en esa entidad, donde se permitió la creación de grupos dedicados a la delincuencia”. Lo consideró un caso aleccionador porque al mismo tiempo es un estado donde hay mayor crecimiento económico y desarrollo industrial.
Al abundar, sobre las gestiones en torno a Zerón, el canciller explicó que se colabora con la Fiscalía General de la República para traerlo, confiando en que se logre. Sin embargo, reconoció que llevará tiempo por la estrategia jurídica del ex funcionario, que ha solicitado asilo político argumentando que es un perseguido en México.
Sobre la violencia, López Obrador destacó que este miércoles se registraron 68 asesinatos en el país, pero 19 por ciento –13– se registraron en Guanajuato. Lamentó el reciente descubrimiento de fosas con cadáveres, en su mayoría de jóvenes, y recordó que en el pasado se abandonó a este sector y ahora “los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría, son jóvenes”.
Consideró que hay una descomposición social que se requiere atender, para lo cual se debe marcar muy bien la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, “que no haya contubernios, que no sea lo mismo, que las policías municipales, las autoridades estatales no estén vinculadas a la delincuencia”.
