El presidente Andrés Manuel López Obrador aportó ayer nuevos datos acerca del desaseo en el esquema de privatización de reclusorios urdido por el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y puesto en marcha por su entonces jefe, Felipe Calderón Hinojosa. De acuerdo con el informe presentado por el mandatario, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Icela Rodríguez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el desfalco al erario perpetrado por el “superpolicía” del calderonato supone que el Estado paga por la construcción y operación de los penales, pero los privados conservan la propiedad de todas las instalaciones.
Aunque en el discurso del último gobierno panista cada centro supondría un desembolso de 4 mil millones de pesos, en la actualidad el impacto financiero individual de los ocho penales construidos bajo el modelo de asociación público-privada asciende a 32 mil millones de pesos, y su costo apenas terminaría de cubrirse en 2037, un cuarto de siglo después de concluido el sexenio de Calderón. Este sobrecosto de 800 por ciento no puede explicarse sino por la opacidad y la discrecionalidad, pues cada uno de los contratos firmados por el gobierno federal con Homex, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), ARB Arendal, GIA y Tradeco, fue otorgado por adjudicación directa.
La naturaleza corrupta, dispendiosa y a fin de cuentas delictiva de la entrega de las prisiones a un puñado de empresas fue ocultada a la ciudadanía mediante la maniobra de clasificar los datos financieros durante cinco años con el pretexto de la “seguridad nacional”. Así, hasta 2014 estuvo vedado al público el conocimiento de unos costos tan exorbitantes como el que supone a la hacienda pública el Centro Federal de Readaptación Social femenil 16, en Morelos: este establecimiento carcelario recibe mil 867 millones de pesos anuales y alberga a 899 personas privadas de la libertad, por lo cual se pagan 6 mil 411 pesos diarios por cada una de ellas, 2 millones 308 mil pesos al año. Para poner en contexto la dimensión del abuso, cabe señalar que el Tesoro de Estados Unidos paga 60 mil dólares al año por cada persona recluida en penitenciarías privadas, es decir, apenas la mitad de lo que cobran los operadores de la cárcel femenil ubicada en el municipio de Coatlán del Río.
Esta suma de irregularidades para beneficiar a un grupo de constructoras a expensas de la Federación, no puede recibir otro nombre que el de robo, debe ser motivo de indignación para el conjunto de la ciudadanía, de la más perentoria condena social y de procesos penales contra quienes participaron en semejante atraco a la nación. A la luz de lo expuesto ayer, queda claro que, en estricta justicia, los reclusorios en cuestión deberían albergar a los responsables de otorgar los contratos, a quienes los construyeron y a quienes los operan.
