Washington. Los líderes del Departamento de Justicia durante la administración del presidente Donald Trump sabían que su política fronteriza de “tolerancia cero” separaría a familias, pero siguieron adelante con los procesos judiciales, incluso cuando otras agencias se saturaron de migrantes, de acuerdo con un informe del organismo de control del gobierno.

El informe del inspector general del Departamento de Justicia encontró que el liderazgo no se preparó para implementar la política o manejar las consecuencias, lo que resultó en más de 3 mil separaciones familiares y causó un daño emocional duradero a los niños que fueron separados de sus padres en la frontera.

La política fue criticada y considerada cruel por líderes mundiales, grupos religiosos y legisladores en Estados Unidos.

El entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, junto con otros funcionarios de la administración Trump, estaban empeñados en detener el arribo de migrantes. La “tolerancia cero” fue una de varias políticas cada vez más restrictivas destinadas a disuadir el arribo de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. La administración saliente también redujo en mucho la cantidad de refugiados que recibía. Prácticamente detuvo los asilos en la frontera por medio de órdenes ejecutivas y cambios en las regulaciones.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien asumirá el cargo el día 20, ha criticado las políticas restrictivas de migración de Trump, pero aún no está claro cómo modificará el sistema.

La política de “tolerancia cero” significaba que cualquier adulto que cruzara la frontera sin documentos fuera procesado y, como los niños no pueden ser encarcelados con sus familiares, los menores fueron arrebatados de sus padres y puestos bajo custodia de los Servicios Humanos y de Salud. Pero no había ningún sistema diseñado para volver a reunir a los menores con sus familias. El informe del organismo de control encontró que esto condujo a un déficit de financiamiento de 227 millones de dólares.

Según el informe, los líderes del departamento subestimaron lo difícil que sería aplicar dicha política y no informaron a los fiscales locales y otras personas que los niños serían separados y, pese a ello, continuaron separando a las familias y llevando a los menores a sitios que en la mayoría de los casos no fueron habilitados como albergues infantiles.

En tanto, Guatemala se preparaba para impedir el paso de cientos de migrantes centroamericanos, cuya caravana saldrá en breve de San Pedro Sula, Honduras, y que pretenden llegar a Estados Unidos, tras otorgar al ejército y a la policía poderes para usar la fuerza.

De acuerdo con un decreto publicado ayer, las fuerzas de seguridad podrán disolver, hasta finales de enero, toda reunión, grupo o manifestación pública e “impedir la salida de las poblaciones o, en su caso, someterlos a registro” en siete de los 22 departamentos del país que forman parte de la ruta habitual de las caravanas migrantes.