El año pasado se reportó un total de 14 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos en México, las cuales se cometieron por motivos políticos, es decir, como forma de castigo por las actividades de las víctimas, y fueron perpetrados por agentes del Estado, señaló un informe del Comité Cerezo México.

De acuerdo con el reporte, Oaxaca es la entidad donde más activistas civiles fueron asesinados en 2020, con seis, seguida de Guerrero (2), Baja California (2) y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz (todos ellos con un caso).

En cuanto al ámbito en que se desempeñaban las víctimas, cuatro se dedicaban a la defensa del medio ambiente, dos a la protección del territorio, dos a la vida digna y dos más a los derechos humanos en general. Otras cuatro se enfocaban en el derecho a la protesta, las garantías laborales, la libertad de expresión y la justicia.

Al presentar los datos por sexo y origen étnico, el Comité Cerezo México documentó que 12 ejecutados eran hombres y dos mujeres. Asimismo, 36 por ciento de ellas fueron identificadas como mestizas, además de 29 por ciento, triquis; 14 por ciento, kumiais; siete, rarámuris, y siete, loxichas.

El estudio agrega que los posibles “beneficiarios” de los asesinatos fueron gobiernos estatales en seis de los casos, en otros cinco habrían sido empresas privadas, y gobiernos municipales en tres más. En ninguno de los episodios analizados en 2020, el gobierno federal habría obtenido alguna ventaja por estos actos criminales.

“La práctica de la ejecución extrajudicial (en 2020) muestra disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (...) De parte del gobierno federal, hemos documentado disminución de la política de represión en contra de defensores de derechos humanos, por lo menos en los casos de ejecuciones extrajudiciales”, apuntó el estudio.