En la primera sesión pública de este año del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los siete comisionados que conforman el pleno destacaron las funciones del instituto y su relevancia para la consolidación de la democracia en el país, y presentaron un balance de sus actividades recientes.
Empeñados en defender al organismo autónomo ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformarlos, se dijeron dispuestos al diálogo con todos los sectores para evaluar su trabajo.
En la sesión de ayer, realizada de forma virtual, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseveró que el INAI tiene como finalidad garantizar el respeto de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, “por lo que constituye un componente central en el diseño democrático del Estado mexicano”.
Recordó que este organismo surgió como producto de una lucha histórica, donde el involucramiento y exigencia de la ciudadanía fueron fundamentales. “Transitamos de un modelo donde la información era considerada propiedad de las autoridades hacia uno en el que se reconoció a la ciudadanía como titular de la información y que asegura el principio de máxima publicidad como elemento para fortalecer nuestra democracia”.
Canal de información
El comisionado Óscar Guerra Ford afirmó que hasta antes de la existencia de la normatividad en materia de acceso a la información y transparencia la opacidad gubernamental imperaba en el país. “Por muchos años fue imposible para la ciudadanía conocer información básica de gobierno y de sus representantes, como los salarios de los funcionarios públicos, la justificación de la determinación de los contratos que recibían y los posibles intereses y conflictos con su actividad y el manejo de los recursos públicos”.
En tanto, académicos y representantes de organizaciones nacionales de abogados señalaron que la propuesta presidencial de desaparecer a los organismos autónomos podría poner en riesgo los avances que se han tenido en el país en los pasados 20 años en temas de transparencia gubernamental, regulación de energía y de telecomunicaciones ,y recientemente, de protección a la niñez.
Diego García Ricci, académico de la Universidad Iberoamericana (UIA), campus Ciudad de México, dijo que aunque la propuesta del Ejecutivo federal todavía no se ha traducido en un proceso legislativo de reforma constitucional, necesario para poder hacer cambios en los organismos autónomos, expresó su preocupación porque esta intención presidencial se concrete.
“Se pondría en riesgo esa democracia en la que los ciudadanos no sólo salen a votar, sino en la que también cuestionan a los gobernantes y funcionarios, y que también les permite participar en la conducción de los asuntos públicos del país”, dijo el académico del Departamento de Derecho de esa casa de estudios.
