Buenos Aires. Tres de las cuatro entidades del campo que comenzaron un paro patronal el pasado lunes levantaron ayer la medida de fuerza, ya que el gobierno había anunciado anticipadamente medidas que estos sectores reclamaban, y además no tuvo el efecto esperado debido a que había posiciones divergentes dentro de las propias empresas de granos, y la comercialización no se vio afectada, con lo que fracasó el intento de crear una situación similar a la de marzo a julio de 2008, cuando otra protesta apuntaba a un golpe de Estado contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y la Federación Agraria (FA) anunciaron la decisión de “levantar el cese comercial y buscar el máximo diálogo posible”, mientras el ministro de Agricultura, Luis Basterra, consideró la protesta como una acción “prácticamente imperceptible” porque no se paró la comercialización de granos.
El martes hubo bloqueos contra algunos camiones que transportaban los granos hacia esta capital, incluso se derramó en la carretera parte de las cargas, lo que determinó una fuerte protesta gremial de camioneros y otros sectores, pero no se pudo detener la comercialización. La FA no logró movilizar sectores de importantes provincias y hubo severas críticas a la dirigencia por acompañar estas medidas sin consenso y en un momento tan grave para el país.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió dar de baja el tope de 30 mil toneladas diarias de maíz, fijado para las exportaciones de este producto, al acordar con el Consejo Agroindustrial Argentino realizar conjuntamente la vigilancia del saldo exportable del grano, para no afectar el consumo interno. Fue otro golpe para la opositora alianza derechista Cambiemos y los medios de comunicación asociados que apoyaron y alentaron el paro patronal. Coninagro, la cuarta entidad de la Mesa de Enlace, no se sumó a esta medida.
Piden liberar a Milagro Sala
En estos días comenzó una fuerte demanda de libertad para los presos políticos víctimas de la judicialización de la política, y la persecución mediática que se ejerció durante el gobierno del derechista empresario Mauricio Macri (2015-2019), que dejó nombrados, de manera ilegal, jueces de su entorno para impedir el cierre de las causas falsas que abundaron durante su administración.
El próximo sábado se cumplen cinco años de la detención de la dirigente social Milagro Sala, electa como diputada del Parlamento del Sur, ante lo cual apareció una carta pública firmada por importantes funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, legisladores, referentes políticos y personalidades pidiendo su libertad inmediata.
“Son cinco años de injusticia y arbitrariedad, Sala continúa detenida en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros de su organización”, señala la carta que firman los ministros de Justicia bonaerense, Julio Alak, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós, y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.
Destacan que la obra de la dirigente social “dio prioridad a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social”, y agregan que Sala “está presa en Jujuy porque enfrentó al poder. Está en la cárcel por ser mujer, negra y luchadora”.
