L0s 86 mil millones de dólares que América Latina gastó en acciones de emergencia el año pasado lograron reducir a la mitad el crecimiento de la pobreza y a una cuarta parte el de la pobreza extrema, respecto a lo proyectado, dio a conocer Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Aun así, la recesión económica de 2020 llevó a 22 millones de personas a la pobreza y a 8 millones a la pobreza extrema. Como resultado, hay 209 millones de personas con al menos una carencia básica —prácticamente uno de cada tres habitantes en América Latina—, y 78 millones que no pueden adquirir una canasta mínima de alimentos, aunque destinen todo su ingreso a ello.

Bárcena expuso que 2020 estuvo “marcado por una crisis de proporciones históricas”; pero, si bien la caída de 7.7 por ciento en el producto interno bruto del año pasado implica un revés de 10 años en crecimiento económico, en los indicadores de pobreza el retroceso es de dos décadas.

“La pandemia nos encontró en muy mal pie”; crecimiento bajo y una región definida por la desigualdad se sumaron a una crisis que magnificó las brechas estructurales y los vacíos de acceso a bienes públicos como salud, educación y protección social, consideró.

Entre los pendientes se encuentra el trabajo, dijo, dado que la Cepal estima una pérdida de 2.7 millones de empresas en la región y con ello 8 millones de empleos formales menos.

Sobre el programa de inmunización, Bárcena subrayó que “no basta tener la vacuna, lo que viene es un desafío enorme, hacer llegar la vacuna a la gente”, que llegue a todos los países y no se quede sólo en los desarrollados que ya la han acaparado.

Reino Unido cuenta con más de cinco dosis por habitante de las dos que se requieren, Chile con cerca de cinco; Estados Unidos y la Unión Europea con casi cuatro y Japón por arriba de dos. México y Argentina hasta ahora tienen contratos para uno por habitante y el resto de los países de América Latina se cuentan por debajo.

En la misma reunión, Luis Felipe López-Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), subrayó que al ser la región la más afectada por la pandemia tanto en términos económicos como sanitarios, verá también consecuencias sociales.

En ese sentido, subrayó que en 2021 se debe ponderar el acceso y distribución de vacunas lo más rápido posible; un manejo fiscal prudente, creíble, pero además ambicioso en términos sociales; procurar acceso al financiamiento y reactivar los sistemas educativos, protección en salud y en la digitalización.

Todo esto “no para regresar a lo anterior, sino construir algo mejor, más productivo, más inclusivo, más resiliente”, agregó.

A su vez, el secretario de Bienestar en México, Javier May, sostuvo que se requiere una “nueva generación de políticas sociales” para promover la inclusión social de los grupos más vulnerables y rescatar a los que fueron rezagados por la focalización. Para ello habrá que impulsar sistemas de protección social e ingresos mínimos.