Hasta ahora, EL fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha sido calmo y esquivo en temas fundamentales de la lucha contra la corrupción y el restablecimiento de un estado de derecho. Forjado en la escuela de los entendimientos y fingimientos del pasado que la llamada Cuarta Transformación debería abandonar, fue postulado e instalado por tal 4T en la simulación de “autonomía” que pasó de la Procuraduría General de la República a la actual fiscalía transexenal.

A diferencia del vértigo declarativo, por ejemplo, de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (velocidad retórica sin consecuencias procesales, pues no corresponde a esta área técnica activar averiguaciones previas u otros mecanismos judiciales), en la citada fiscalía gertziana pareciera no haber prisa más que en consumir el tiempo (sobre todo el políticamente sexenal).

Cuando menos tres casos de esa fiscalía merecerían activación formal y demostración de voluntad justiciera: el de Emilio Lozoya, ex director de Pemex que ha gozado de un extraordinario trato de privilegio a partir de una negociación delatora que lo ha mantenido a salvo de siquiera pisar la cárcel; el del general en retiro Salvador Cienfuegos, quien fue devuelto de Estados Unidos por gestiones del Presidente de la República y no ha sido tocado con el pétalo de alguna diligencia judicial mínima, según lo hasta ahora conocido, en una exhibición escandalosa de sustracción a los mecanismos judiciales correspondientes a los graves cargos que le hicieron en el país vecino, y el caso de Pío López Obrador y David León Romero, captados en un video en el que se habló de entregas de dinero en el Chiapas del ex gobernador Manuel Velasco para actividades partidistas del entorno obradorista.

En estas horas se habla con insistencia de probables acciones en el primero de los puntos aquí señalados, el de Lozoya, con supuestas implicaciones al jefe máximo del saqueo sexenal más reciente, Enrique Peña Nieto, o, cuando menos, de manera compensatoria pero también complicitaria, solo en cuanto a Luis Videgaray Caso, el plurisecretario del peñismo, suerte de vicepresidente ejecutivo o cerebro político sustituto del frívolo copete de farándula de 2012 a 2018. Ya se verá hasta dónde se llega, si se llega.

Bajo el recurso fácil de decir que algo no es de determinada forma sólo porque así lo asegura el declarante, desde Palacio Nacional se pretende negar el proceso creciente de militarización nacional, extendido incluso hacia las actividades menos relacionadas con lo castrense.

Ayer, por ejemplo, el Presidente de la República hizo publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto, aprobado por el Congreso federal a fines del año recién pasado, que adiciona una fracción a un artículo de la ley de la administración pública federal para establecer que a la Secretaría de la Defensa Nacional “corresponde el despacho de los siguientes asuntos: prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo federal; establecer acuerdos de colaboración con las instituciones ambientales a efecto de capacitar a los integrantes del servicio militar para la ejecución de actividades tendientes a proteger el medio ambiente, y los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos”.

Por “causas DE fuerza mayor”, Aeroméxico busca romper la relación con sus organismos de defensa de sobrecargos y pilotos aviadores. Esa línea aérea constituyó un inconfeso regalo o pago de Felipe Calderón a empresarios que financiaron en 2006 la campaña sucia en medios contra López Obrador. Los beneficiarios fueron el Grupo Banamex, de Roberto Hernández, con José Luis Barraza, que había sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial, como figura de paja (https://bit.ly/38wTn2F). ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero